Werner Corrales Leal / Caracas, 20-02-2023

¿Por qué es indispensable que el crecimiento genere inclusión social?

Para el año 2022 se estimaba en 94% la proporción de la población total de Venezuela que vivía en pobreza de ingresos, indicador que había alcanzado su máximo histórico, de más de 96%, en 2020.

La figura que sigue muestra los niveles de pobreza, en % de la población total, que habría para 2027 en dos escenarios de muy alto crecimiento económico, si ese dinamismo no forma parte de una estrategia más amplia de progreso con inclusión social. Los valores de la curva de trazo punteado verde, son datos históricos de INE-OCEI, y de ENCOVI entre 2014 y 2021. Los valores de la curva punteada en rojo hasta 2021 y los valores de los dos escenarios “Alemania” y “Japón-Sur Corea desde 2022 hasta 2027, resultan de simulaciones hechas con modelos de regresión, calibrados para el período 1967-2021.

Un primer escenario, con tasas reales de crecimiento del PIB tan altas como las que tuvo Alemania en la postguerra, reduciría la pobreza a un 55% (16 MM de personas) en 2027.  

El segundo escenario, con tasas reales de incremento del PIB como las que tuvieron Japón después de 1947 y Corea del Sur después de 1956, reduciría la pobreza a un 65% (19 MM de personas) para ese mismo año.

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Las principales razones para que Venezuela perdiese su democracia a manos del populismo autoritario en los albores del presente siglo, se gestaron en la frustración que vivían los grupos populares, que fue creciendo a lo largo de las décadas de 1980 y 1990,  asociada a la elevación de la pobreza, que avanzó de menos del 30% de la población a mediados de los años 70, a más del 63%  en 1998 (de 4  a casi 15 MM de personas). 

Tanto por motivos éticos como por razones políticas, de defensa de la nueva democracia, es indispensable  que las políticas de crecimiento del futuro sean parte de una estrategia más amplia de crecimiento con inclusión y con libertad para todos.

El chavismo y otros populismos radicales sobrevivirán a la recuperación de las libertades, y, muy probablemente, continuarán sembrando odios e intentarán provocar tensión en las comunidades pobres, para desprestigiar a la democracia y llegar nuevamente al poder apoyados en sus discursos de redención social.

Requisitos de una estrategia de crecimiento con inclusión social

La pobreza no se reduce significativamente como “derrame” automático de cualquier crecimiento, cosa que no ha sucedido en ningún país del mundo en ningún momento de la historia.

Reducir ampliamente la pobreza implica promover un crecimiento económico acompañado de políticas que generen oportunidades para el progreso de todos y que impidan la manipulación clientelar de los ciudadanos, deformación que se inició en la política venezolana durante la  democracia, ha llegado a su clímax bajo el presente régimen y pareciera estar latente en propuestas de buena parte de la Oposición llamada democrática.

Victorias tempranas y viabilidad política

Por otra parte, es necesario que ese crecimiento garantice dos condiciones para que la ciudadanía desarrolle lealtad con la nueva democracia:

• Debe haber victorias tempranas para los hogares populares, quienes deben vivir logros crecientes de bienestar desde el inicio mismo de la nueva democracia;
• Debe darse viabilidad política al proceso, lo que implica que toda la sociedad lo valore y le brinde su apoyo efectivo; más aún, es necesario que se comprometan con él y se involucren en sus programas la  clase media, los empresarios  y los  trabajadores,  quienes viven en Venezuela y los miembros de la diáspora.

Un pacto para el progreso de todos que obligue a los sectores fundamentales

En función de implementar con éxito una estrategia que asegure crecimiento con inclusión social y libertad, se propone un Pacto para el Progreso de Todos que contenga un conjunto interrelacionado de reformas institucionales y de políticas económicas, educativas, de seguridad social y de mejora progresiva de los barrios populares en que habita más del 60% de la población del país.

El Pacto debe comprometer a los partidos políticos democráticos, a las organizaciones laborales y empresariales, a las principales ONGs, a las organizaciones de la diáspora y a las iglesias; y su ejecución tiene que ser objeto de la más alta prioridad política y mantenerse a través de sucesivos períodos presidenciales hasta completar no menos de veinte años.

El seguimiento y la evaluación de los programas que integren el Pacto, deben ser sistemáticos y estar a cargo de un órgano de muy alto nivel político e independiente del Estado, un Consejo del Pacto que responda ante la sociedad civil, que mantenga permanentemente informada a la población de las experiencias de los programas en general, y que haga recomendaciones periódicas a los poderes ejecutivo y legislativo y a los demás actores firmantes del Pacto, para realizar los ajustes y actualizaciones que sean necesarios en él con el fin de mantener vigentes los objetivos y emplear mecanismos idóneos para alcanzar el crecimiento con inclusión social y libertad.

Los seis programas fundamentales del pacto

El Pacto comprendería cinco programas temáticos fundamentales, y un programa transversal a los demás, a saber:

1. La reforma y el impulso inicial de la economía, el primer programa, tiene como  finalidad afianzar y consolidar un modelo de crecimiento sostenido basado en  el protagonismo de las iniciativas de los ciudadanos.

Alcanzar esto requiere de un nuevo marco regulatorio de la economía que desaparezca el protagonismo estatal en ella y abra todos sus sectores, sin excepción, a la inversión privada nacional  e internacional; que propicie Alianzas Público Privadas (APP) para la producción de bienes públicos como ciertas infraestructuras y que dé sustento a una economía de mercado orientada al bien común, mediante un sistema de incentivos que oriente hacia aquellos fines a la inversión, la tecnología, el capital humano y el uso sostenible de los recursos naturales.

Entre las reformas regulatorias, deben tener prioridad las que permitan muy prontamente abatir la inflación y atraer inversión privada para recuperar la exportación, iniciar nuestra transición hacia energías limpias y poner en marcha una amplia adecuación de las infraestructuras como plantea el cuarto programa del Pacto.

En el horizonte de corto plazo, además de completar las principales reformas, el primer programa debe enfocarse en incrementar prontamente el PIB a través de reactivar  las exportaciones, inicialmente recuperando la exportación petrolera pero simultáneamente  poniendo en marcha programas para elevar significativamente las exportaciones de otros sectores y hacerlo en dirección a la descarbonización del comercio de Venezuela; incentivar la inversión productiva y el emprendimiento innovador; propiciar la complejización del aparato productivo para elevar los multiplicadores de la exportación; favorecer la sostenibilidad ambiental del crecimiento y crear muchos puestos de trabajo decente, todo ello en un ambiente macroeconómico de muy baja inflación.

Como criterio general, será necesario alinear las nuevas reglas de toda la economía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las NNUU, a las condicionalidades ambientales, sociales y de gobernanza ESG, y a los compromisos del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual facilitará el acceso de los proyectos públicos y privados de inversión al financiamiento internacional, y el acceso de los proyectos sociales y político-institucionales del Pacto a las oportunidades de cooperación al desarrollo  que ofrecen los países desarrollados.

El crecimiento de la economía venezolana y la apertura de nuevas oportunidades seguramente atraerán la atención de muchos miembros de nuestra diáspora, los que seguramente estarán interesados en participar en nuevos proyectos de inversión a los que podrán contribuir con talento innovador, conexiones exportadoras y capitales.

2. Una educación de calidad para el progreso y la libertad, el segundo de los cinco programas temáticos, busca elevar la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes de Venezuela porque ella es el instrumento principal de creación de capacidades humanas; incrementar la oferta y la eficiencia de los sistemas de formación y capacitación que sirven a la demanda calificada de los sectores productivos y del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (SNCTI); e incorporar en todos los niveles educativos la formación en valores para el progreso autónomo y la libertad, y para la responsabilidad, la convivencia en paz y la solidaridad.

Las líneas de prioridad inmediata del programa de educación deberían ser cuatro.

La primera prioridad la constituiría una gran alianza público-privada entre los sistemas educativos público y privado dirigida a elevar la escolarización y la calidad en la educación inicial y básica que se ofrece a los hijos de los hogares populares.

Esta alianza podría lograr sus fines a través de diversas formas de participación de colegios privados y asociaciones de educadores en iniciativas formales de docencia dirigidas a los niños y jóvenes de aquellas familias, el diseño y la implantación de reformas curriculares y de gestión, la capacitación de docentes y la adecuación de sus remuneraciones.

La segunda sería adecuar tecnológicamente la oferta de capacitación técnica e incrementarla a través de Asociaciones Público Privadas con empresas y gremios sectoriales;

La tercera consistiría en dar auxilio inmediato a las universidades autónomas para salvarlas de la precariedad, a la vez que iniciar el estudio de opciones sostenibles para su financiamiento y una discusión en el seno de sus comunidades académicas, tendente a definir los modelos deseables para su funcionamiento futuro,  fase que daría paso a la consideración de las reformas pertinentes por el Poder Legislativo; y

La cuarta sería poner en marcha proyectos con nuestra diáspora de talentos, que involucren a redes de ella en las tres iniciativas anteriores y especialmente en las relativas a la nueva educación superior y el relanzamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.  

3. El desarrollo de un nuevo sistema de salud y seguridad social sería el tercer programa del Pacto. Un sistema que, partiendo de lo existente, incorpore modos de financiamiento e innovaciones de gestión y tecnología que permitan ir elevando progresivamente la eficiencia operacional, la cobertura poblacional y los niveles de prestación, hasta constituirse en un sistema universal financieramente sostenible, que asegure asistencia oportuna y de calidad a todas las familias que la requieran.

Las prioridades inmediatas del programa están en tres iniciativas:

La primera iniciativa es atender las secuelas de la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que requerirá de la movilización de un personal de salud hoy escaso y desincentivado por remuneraciones exiguas, y una adecuación de los equipamientos y la logística de los sistemas públicos, sólo posible con APPs y financiamiento internacional.

La segunda es iniciar la reforma del sistema público de salud mediante proyectos que experimenten varios modelos de financiamiento y gestión en los diversos subsistemas de atención, para dar paso a un programa definitivo tendente por etapas a la cobertura universal.

La tercera es iniciar las negociaciones para un nuevo sistema previsional capaz de ofrecer protección de desempleo, invalidez y retiro, tratativas que deben incorporar a empresas, trabajadores y Estado teniendo como norte un sistema de prestaciones socialmente justo y financieramente viable, de gestión independiente y protegida de avatares políticos. 

Las tres iniciativas definidas como prioritarias ofrecen oportunidades de participación de miembros de nuestra diáspora, algunos de quienes han acumulado experiencias valiosas en la gestión de sistemas previsionales y de salud fuera de Venezuela.

4. El cuarto programa temático de adecuación de infraestructuras y asentamientos, implica un esfuerzo ambicioso pero necesario si se quiere alcanzar prontamente niveles de empleo y progreso que beneficien a la mayoría de la sociedad venezolana y la muevan a apoyar a su democracia desde los primeros años de la transición al nuevo estilo de desarrollo.

Las magnitudes de inversión implicadas en el programa son importantes y sólo serán alcanzables si sus principales proyectos se realizan en APPs y reciben financiamiento internacional.

El primer objetivo del programa es recuperar las infraestructuras y equipamientos de servicios que deben apoyar a las ciudades, lo que es indispensable para borrar las huellas  de la Emergencia Humanitaria Compleja y para dar un primer impulso a la maltrecha competitividad de la economía nacional.

El segundo objetivo está focalizado en la población que habita los barrios populares en las ciudades, sujeta a precariedades permanentes y a una exclusión de hecho de los servicios básicos de transporte, energía, agua potable, telecomunicaciones, esparcimiento y seguridad ciudadana, con acciones dirigidas a que todos esos asentamientos mejoren progresivamente los estándares hasta alcanzar índices típicos de zonas urbanas reguladas en un horizonte no mayor de 20 años.

Y el tercer objetivo es generar muchas oportunidades de trabajo decente, motorizadas por la actividad de la construcción y por las redes de la economía solidaria y los emprendimientos populares, que serían protagonistas de buena parte de la iniciativa de mejoramiento de barrios. La contribución de este programa a la inclusión será muy importante mientras alcanza  gran magnitud la oferta de empleos de la economía moderna en respuesta a las reformas del primer programa, y mientras el programa de educación da resultados cuantitativamente importantes en mejora de la capacitación media de la fuerza de trabajo.

5. Poner el Estado al servicio del ciudadano, el quinto programa temático, tiene dos propósitos principales que obligan a avanzar en varios ámbitos de la reforma del Estado.

El primer propósito es maximizar las oportunidades de participación política real para los ciudadanos en general, lo que implica:

• revertir las reformas de contenido inconstitucional impuestas por el régimen socialista tendentes al establecimiento del “poder comunal” y profundizar la descentralización robusteciendo mecanismos para la participación ciudadana a nivel municipal y comunal; 
• poner en vigor normativas que obstaculicen los mecanismos del populismo clientelar estableciendo normas estrictas de transparencia en las contrataciones públicas y limitando legalmente los fines “sociales” a los cuales puedan aplicarse partidas presupuestarias, especialmente en períodos electorales; y
• dotar de instrumentos reglamentarios a la sociedad civil organizada para que pueda ejercer contraloría ciudadana sobre el cumplimiento de las normativas mencionadas, y crear sanciones ejemplarizantes para sus violadores.

El segundo objetivo es ampliar el acceso de ciudadanos y comunidades a la justicia y en especial asegurar su protección frente a violaciones de los derechos humanos provenientes de funcionarios al servicio del Estado, lo que implica re-institucionalizar ampliamente el sistema de justicia incluyendo a la justicia militar y los sistemas policial y penitenciario, tarea ardua y ambiciosa pero indispensable  si en efecto se busca poner el Estado al servicio del ciudadano.  

6. El último programa persigue involucrar activamente a la diáspora en el Pacto. Él es transversal a los cinco primeros programas y se refiere a la participación en ellos de esa quinta parte de los venezolanos que se encuentra fuera de  Venezuela.

Muchos miembros de la diáspora no regresarán al país, al menos en los primeros momentos de la reconstrucción, y sin embargo estarán dispuestos a contribuir en la gesta que implica hacer de Venezuela una sociedad en progreso continuo y en disfrute permanente de libertad.

Este programa debe servir de contraparte en Venezuela de las organizaciones de la diáspora, para coordinar los esfuerzos que ellas hagan por apoyar iniciativas de los otros cinco programas.

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Foto: UNICEF/UN0344401/Orozco