El presente ensayo se basa fundamentalmente en los resultados de una investigación en acción que coordinaron Tanya Miquilena y su autor entre 2010 y 2017, que dieron origen al libro “Venezuela, vértigo y futuro” (Miquilena y Corrales, 2019). El ensayo fue revisado y actualizado por su autor para servir de capítulo inicial del libro que él coordinase en 2020 titulado “Venezuela: la reforma institucional necesaria” (Corrales, W., coord., 2020), razón por la cual su texto hace referencias a capítulos de éste.
El nuevo estilo de desarrollo que debe servir de guía a la reconstrucción de Venezuela, debe estar caracterizado por unas instituciones confiables y transparentes que protejan la libertad, los derechos y las iniciativas de los ciudadanos, poniendo al Estado al servicio de ellos y no al revés. Esas instituciones deben dar soporte a la creación de capacidades humanas para que cada venezolano se haga agente de su propia vida, deben propiciar una elevación significativa de la escala de nuestra economía atrayendo y dando seguridad jurídica a muchas inversiones privadas, y deben asegurar que nuestro crecimiento económico se dé con ritmo sostenido, con muy baja inflación y en armonía con la naturaleza.
Consolidar logros en la dirección del nuevo estilo obliga a superar el excesivo protagonismo del Estado que hemos vivido por más de cuarenta años y priorizar las iniciativas de los ciudadanos haciendo que las del Estado sean subsidiarias y apoyen a las primeras, y exige desaparecer las conductas clientelares y de persecución de rentas en las que han participado en el pasado los actores políticos y una buena parte de los actores económicos.
La estrategia de reforma institucional que proponemos para Venezuela comprende, por una parte, un conjunto de transformaciones en las normas que soportan los derechos ciudadanos y gobiernan la política, que enmarcan la administración de justicia y que regulan la economía; y por la otra una serie de cambios de orientación que el Estado debe imprimir a sus políticas para conducir sin retrocesos la reconstrucción de Venezuela, empezando desde la transición a la democracia.
Generar condiciones institucionales como las descritas implica, desde una perspectiva política, que el Estado sea garante de las decisiones de la sociedad, de la libertad y de los derechos humanos de cada uno de sus miembros, asegurándoles efectivamente que pueden emprender con plena libertad las actividades de su preferencia.
Desde un enfoque social, envuelve favorecer el acceso de todos a oportunidades que les permitan elevar sus capacidades humanas y emplearlas para su propia realización, y comprometerse en políticas que garanticen a toda la población acceso equitativo a la educación de calidad, a la salud, a la seguridad social y a los servicios públicos asociados al habitat.
En términos económicos, forjar esas condiciones involucra que el Estado se comprometa en garantizar el funcionamiento de mercados competitivos, en proteger los derechos de propiedad y ofrecer seguridad jurídica a los agentes, en crear bienes públicos, en implementar políticas macroeconómicas para el crecimiento con estabilidad, y en asegurar que ese crecimiento se dé en armonía con el ambiente.
En fin, las propuestas dentro de esta estrategia persiguen cinco fines específicos. Se trata de la superación del rentismo populista clientelar, que tratamos en la sección 1 del presente capítulo; la reforma política y de organización del Estado que es discutida en la sección 2; los cambios institucionales que llevarán a nuevos roles del Estado en las iniciativas de desarrollo, temas que abordamos en la sección 3; la relegitimación de Venezuela en el mundo cuyas reformas y acciones diplomáticas planteamos en la sección 4; y la reforma de la Fuerza Armada Nacional (FAN) que es objeto de la quinta y última sección.
En este capítulo desarrollamos con algún detalle las reformas dirigidas a lograr los tres primeros fines específicos. Los trabajos de María Teresa Belandria y Milagros Betancourt que se presentan en los capítulos IV y VI del libro han sido fuentes de varias de las propuestas que hacemos referidas a los dos últimos fines, razón por la cual es más breve en este artículo el tratamiento que hacemos de la relegitimación de Venezuela en el mundo y de la reconducción de los rumbos de la FAN.
1. SUPERAR EL RENTISMO POPULISTA-CLIENTELAR, QUE SE OPONE AL DESARROLLO Y LA LIBERTAD
A lo largo de los últimos cuarenta años de nuestra historia, el rentismo populista clientelar fue invadiendo todas las esferas de la acción pública hasta convertirse en una pauta de vida de gran parte de nuestra sociedad, en uno de los más formidables obstáculos al desarrollo de Venezuela, en causa primordial del deterioro de nuestra democracia, y en claro antecedente político del proyecto totalitario que se nos intenta imponer en los últimos años.
Vencer las trampas políticas, culturales y económicas del rentismo es por lo tanto imprescindible para desplegar el nuevo estilo de desarrollo e implica combinar tres movimientos: debilitar mediante acciones directas las conductas del rentismo populista clientelar; modificar las perspectivas sobre el progreso que se transmiten a la sociedad a través de la educación y los mensajes políticos; y crear condiciones institucionales concretas para la diversificación económica y el crecimiento sostenido.
Los apartes que siguen de esta sección exponen propuestas focalizadas sobre los tres movimientos, pero muchas de las propuestas que hacemos en las demás secciones contribuyen también a debilitar las conductas populistas-clientelares, lo cual comentaremos en sus oportunidades.
Debilitar las conductas clientelares
Para debilitar directamente las manipulaciones políticas del rentismoes necesario limitar el uso potencialmente clientelar de los recursos del Estado por parte de los partidos que llegan al poder, y fortalecer la conciencia y los mecanismos de democracia participativa de los ciudadanos.
En la primera dirección destacamos como necesario realizar reformas que eleven la transparencia y el poder contralor real de la sociedad sobre la gestión estatal, y minimizar por vía constitucional la discrecionalidad y los incentivos que existen para el uso clientelar de los fondos públicos por los partidos que tienen acceso al poder. Pertenecen a esta clase de inciativas todas las reformas que acercan las decisiones del Estado a los ciudadanos como las referidas a la descentralización, así como aquellas que mejoran el control de la sociedad sobre la gestión pública, como son entre otras las que se plantean en el sistema de gobierno, que amplian el poder contralor del parlamento sobre el Ejecutivo.
Tiene un rol destacado en la limitación del uso clientelar de los recursos públicos, la creación de fondos de ahorro y fondos anticíclicos a los cuales se destinen proporciones predeterminadas de la renta de los hidrocarburos y otros minerales que ingrese al fisco en cada año. Los fondos de ahorro solo deberían ser empleados para la creación de capacidades a traves de la formación de capital humano, la realización de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y la ejecución de inversiones en infraestructuras; mientras los fondos anticíclicos sólo deberían utilizarse para atenuar las presiones recesivas que pudiesen derivar de la eventual caida de los precios internacionales de nuestras exportaciones generadoras de renta.
En la segunda dirección, de fortalecer la conciencia y los mecanismos de democracia participativa, tendrían que ser ampliadas las opciones que tienen los ciudadanos para su intervención en las decisiones de lo público, más allá de los partidos políticos, que en términos prácticos siguen teniendo el monopolio como intermediarios entre la sociedad civil y las decisiones del Estado.
Para contribuir a la concientización y la organización de la sociedad para su defensa frente al populismo clientelar, sería necesario desarrollar las previsiones que contiene la Constitución de 1999 sobre vías de participación alternativas a los partidos, así como incentivar mediante políticas específicas el protagonismo nacional de diversas clases de organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temáticas públicas como los derechos humanos, la educación, la salud o el ambiente, y estimular el protagonismo local a través de organizaciones comunitarias políticamente muy autónomas, como son las cooperativas.
Promover nuevas perspectivas sobre el progreso y el rol del Estado
El segundo movimiento de reformas y políticas que proponemos persigue objetivos culturales y se cimenta en modificar las perspectivas que se transmiten a la sociedad venezolana a través de la educación y los mensajes políticos, referidas a cómo se genera el progreso personal y cual es el rol que debe tener el Estado en la economía.
Se trata de renovar tres concepciones a través de las cuales se ha favorecido por más de cuarenta años el rentismo populista clientelar.
La primera idea a erradicar, de la cual derivan en parte las otras dos, es que el Estado es inmensamente rico y todopoderoso, y que el progreso de la sociedad depende fundamentalmente de lo que él haga por distribuir la riqueza que maneja. Esta creencia se apoya en la historia venezolana de los últimos cien años, a lo largo de los cuales los ingresos de origen petrolero fueron el sustento del gasto público y éste movió la economía, creó infraestructuras, promovió capacidades humanas a través de la educación y la salud, subsidió iniciativas empresariales en casi todos los sectores económicos y financió gasto de consumo que benefició a muchos hogares. Estos dos últimos tipos de gastos fueron la principal palanca del populismo clientelar de las últimas cinco décadas.
La segunda noción, complementaria de la anterior, es la creencia de que todos y cada uno de los venezolanos, independientemente de las capacidades que hayamos desarrollado, somos ricos debido a la dotación de recursos naturales que tiene nuestro país, y que sólo recibiremos lo que nos corresponde de esa riqueza si el Estado se encarga de su explotación. Sobre la base de manipular esta concepción se han construido imaginarios según los cuales se debe agradecimiento y lealtad a los administradores del Estado que nos benefician distribuyéndonos renta.
La tercera es la concepción según la cual el Estado debe usar parte de la renta que percibe de la actividad petrolera para hacerse empresario invirtiendo en “actividades estratégicas” adicionales a la de hidrocarburos, una interpretación estrecha y sesgada de cómo Sembrar el petróleo.
Modificar estas tres creencias amerita comprometer por largo tiempo los esfuerzos del sistema educativo en la formación en valores. Amerita además sostener campañas de comunicación masiva y sistemática, concertadas entre el Estado y los medios privados, a través de las cuales se promuevan la conciencia de los derechos y deberes ciudadanos y la defensa activa contra la manipulación populista clientelar.
Pero principalmente, para modificar esas creencias hay que construir una institucionalidad que debilite las conductas clientelares. Una institucionalidad que imposibilite esas conductas por las vías que fueron expuestas en párrafos anteriores, que las domine a través de reformas que pongan al Estado al servicio del ciudadano, obligándolo a rendir cuentas, limitando la influencia del Ejecutivo y garantizando la independencia de los demás poderes públicos. Y unas reformas que le impidan al Estado el exceso de protagonismo que ha tenido por muchas décadas en la economía.
Crear condiciones institucionales para la diversificación y el crecimiento sostenido
Para que Venezuela destierre los vicios políticos y culturales del rentismo es necesario que supere progresivamente los condicionantes y los efectos económicos del mismo. Los más evidentes de ellos son la inestabilidad del crecimiento económico asociada al uso pro-cíclico de los ingresos del Estado derivados del comercio de hidrocarburos; la escasa complejización de la economía productiva, que tiene una escala muy limitada y no se diversifica ni se interconecta suficientemente; y el excesivo protagonismo económico del Estado. Resolver esos tres problemas requiere de un cambio importante en los marcos regulatorios y en las políticas económicas.
El marco regulatorio general de la economía, del cual hablaremos con más detalle en la sección 3, debe establecer normas y límites para el rol del Estado en la economía, sujetas a control efectivo por el Poder Legislativo, las cuales propicien la elevación de la escala de nuestro aparato productivo y atraigan grandes inversiones nacionales y extranjeras otorgando el protagonismo empresarial a la iniciativa privada y no al Estado, que reglamenten la conducta fiscal y que reconozcan autonomía real al Banco Central para concebir y ejecutar sin interferencias las políticas que le competen.
Por otra parte, para que las políticas macroeconómicas y las de desarrollo productivo contribuyan a la complejización y al crecimiento sostenido con estabilidad, además de encuadrarse en el marco regulatorio comentado, ellas deben apoyarse en mecanismos armónicos con el mercado. Es decir, deben ser políticas que incentiven, entre otros fines, la movilidad de los recursos entre los diversos sectores de actividad, la conexión productiva de las industrias basadas en riquezas naturales -incluida la hidrocarburífera- y el resto de la economía, la innovación y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).
Finalmente, el funcionamiento de los fondos anti-cíclicos y de ahorros que fueron planteados como instrumentos para limitar el uso clientelar de la renta, contribuye también al crecimiento sostenido con estabilidad al limitar la amplitud de variación de las tasas de crecimiento del PIB cuando se modifican los precios internacionales, y al contribuir a la creación de capacidades humanas y externalidades que aseguran bases para el crecimiento estable de la economía.
2. LA REFORMA POLÍTICA Y DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
En el nuevo estilo de desarrollo el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y por eso debe proteger su vida y su integridad personal, su libertad individual y sus derechos; debe estimular la responsabilidad ciudadana y propiciar obligaciones de las personas para con los demás miembros de la sociedad; debe garantizar la tranquilidad, la resolución pacífica de conflictos y el acceso de todos a la justicia; y debe contribuir al desarrollo con equidad creando igualdad de oportunidades para que todos puedan convertirse en agentes de sus propias vidas construyendo capacidades y empleándolas para su propia realización.
Estos conceptos son la base de las propuestas de reforma institucional que hacemos en la presente sección. Ellos son desarrollados en los apartes que siguen como principios fundamentales y como propuestas específicas para reformas y nuevas orientaciones de políticas, referidas al sistema de gobierno, la descentralización y el sistema de justicia.
El Estado al servicio del ciudadano: principios fundamentales para la reforma
En sintonía con los objetivos de desarrollo plasmados en los siete consensos de La Venezuela Que Queremos Todos, con las estrategias para la creación de capacidades y la reconstrucción del tejido social, y con el fin específico de superar el rentismo populista clientelar, el nuevo estilo de desarrollo exige del estado que eleve su proactividad y su compromiso en funciones que sólo él puede llevar a cabo en beneficio de los ciudadanos, que minimice su actuación en aquellos ámbitos que competen a las iniciativas de éstos y que deje de actuar en modos y espacios que coarten la libertad o manipulen la voluntad de los mismos.
En términos políticos y de organización institucional, para volver al Estado de Derecho y dar soporte al nuevo estilo de desarrollo, hace falta que los poderes públicos funcionen con real independencia, fortalezcan las instituciones jurídicas de control del poder y los mecanismos para la contraloría de gestión y la lucha contra la corrupción, aseguren la supremacía de la Constitución y rindan cuenta de su gestión sometiéndose al escrutinio y la supervisión de los ciudadanos.
Es necesario que todo el Estado resguarde el orden democrático y la seguridad nacional ante amenazas externas o intentos sediciosos internos y que se organice y opere descentralizadamente sobre la base de normas sencillas, de forma que eleve su eficacia en las funciones que le competen y se acerque al ciudadano a quien debe servir sin complicaciones burocráticas innecesarias.
Modificar el sistema de gobierno y los mecanismos de participación ciudadana
La Constitución de 1999 establece el funcionamiento de cinco poderes autónomos en Venezuela, que a nivel nacional están constituidos por el Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República; el Poder Legislativo constituido por la Asamblea Nacional; el Poder Judicial dirigido por el Tribunal Supremo de Justicia; el Poder Ciudadano cuyos organos son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República; y el Poder Electoral, ejercido por órgano del Consejo Nacional Electoral. Pero en la actualidad no existe una real independencia de los poderes públicos del Estado e incluso los voceros más calificados de los mismos postulan una supuesta inconveniencia de la separación entre ellos (Duque Corredor y Morles, 2011).
En realidad, el problema de la falta de independencia de los poderes vá más allá de las violaciones sistemáticas de la Constitución que caracterizan al Socialismo del Siglo XXI. El diseño mismo del sistema de gobierno vigente en Venezuela, el control que dentro de ese diseño pueden realizar los poderes Legislativo y Judical, y la forma como se accede al poder por elecciones, constituyen una combinación propicia para que los ciudadanos no podamos influir de manera relevante, para que se haga crónica la manipulación clientelar y para que el gobierno derive hacia un régimen autoritario que conculca las libertades como el que tenemos desde hace veinte años.
El sistema venezolano de gobierno es presidencialista y el poder se concentra en extremo en el Presidente de la República.[i] La elección del Presidente se hace por mayoría simple en el conjunto de los votos válidos emitidos para todos los candidatos de los comicios, y en ellos existe una ventaja notable de los partidos políticos para llevar candidatos. Esto hace que los partidos sean en la práctica la única vía de participación de los ciudadanos en la elección de una figura que concentrará tantos poderes como ha sido comentado, y posibilita que el Presidente sea elegido con una proporción muy baja de los votos de los ciudadanos, lo que le resta legitimidad de orígen.
En fin, para poder iniciar un nuevo estilo de desarrollo que coloque al Estado al servicio del ciudadano y que ponga fin al populismo clientelar es necesaria una reforma del sistema de gobierno, de la manera como se accede al poder por elecciones y de los mecanismos con que realmente cuenta el ciudadano para influir en la política.
La opción de reforma por la cual nos pronunciamos para lograr esos propósitos amerita cambios en la Constitución vigente para arribar a un esquema parecido al del sistema de gobierno francés, que separe las figuras del Presidente-Jefe de Estado y del Primer Ministro-Jefe del Gobierno, asignando al primero roles de promoción de los grandes consensos nacionales y de conducción de las estrategias de desarrollo, y al segundo funciones principalmente político-administrativas de gobierno.
El Primer Ministro sería elegido y podría ser removido por una mayoría calificada de la Asamblea Nacional mientras el Presidente debería ser electo por votación popular, directa y secreta con un mínimo de votos que supere la mitad de los sufragios, lo que obligaría a realizar una segunda vuelta si en la primera votación no se alcanzase esa mayoría. En el marco de esa reforma, para contribuir al equilibrio entre los poderes, debería evaluarse la conveniencia de otorgar al Presidente potestades de disolución de la Asamblea Nacional.
Con miras a mejorar el control independiente de las decisiones de gobierno, lo antes dicho debería complementarse con un perfeccionamiento legal de los mecanismos por los cuales el Poder Judicial y el Poder Legislativo pueden controlar al Poder Ejecutivo, así como con una revisión de los dispositivos que permiten a los ciudadanos promover candidatos a las elecciones de Presidente y de Diputados a la Asamblea Nacional, o promover referendos de diversas clases, a través de organizaciones de la sociedad civil distintas a los partidos políticos.
Retomar y profundizar la descentralización
El proceso de descentralización se inició a finales de la década de 1980 como respuesta a demandas de organizaciones de la sociedad civil que habían venido tomando cuerpo a lo largo de años, las cuales fueron acogidas por el gobierno central que creó la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE), autora de proyectos de reforma institucional en muchas esferas.
En el ámbito político la descentralización inició cambios que fortalecían a los ciudadanos al debilitar la concentración de poder en el Presidente de la República y transferir parte de él a los Gobernadores y Alcaldes electos por votación popular; y más allá de eso, dentro de los partidos políticos marcó el comienzo de un juego en que adquirían mayor autonomía los liderazgos regionales y locales.
En la esfera de la gestión de políticas la descentralización produjo avances notables para los ciudadanos en la calidad y la cobertura de los servicios públicos asociados al habitat urbano, en la educación y en la salud; y en algunos casos emblemáticos, la administración descentralizada de infraestructuras viales, portuarias y aeroportuarias tuvo un impacto importante en la competitividad de las actividades turísticas, las agroindustrias y otras industrias manufactureras.
En síntesis, para la última década del Siglo XX la descentralización había alcanzado logros importantes en lo político y administrativo, y comenzaba a generar innovaciones promisorias como eran algunas alianzas público-privadas para la consolidación de clusters en las regiones. Pero el proceso fue detenido a partir de 2002, haciéndolo incluso retroceder en aspectos muy importantes de la gestión de políticas como son las educativas, de salud y de infraestructuras de transporte, entre otras.[ii]
Retomar la descentralización en los ámbitos originales es muy importante para apoyar el inicio del nuevo estilo de desarrollo, porque acerca el Estado a los ciudadanos, les ofrece a éstos mejores oportunidades de participación política y disminuye la concentración de poder en los líderes del Ejecutivo Nacional, debilitando los potenciales para las conductas clientelares de ese nivel. Por otra parte, además de contribuir a elevar la eficiencia de la gestión pública, la descentralización es un instrumento necesario de la estrategia de desarrollo de capacidades, en particular de sus políticas de Salud, de Educación, de Desarrollo Productivo y de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Pero no basta retomar el proceso descentralizador que fue desandado, el reinicio de la descentralización debe corregir las desviaciones clientelares y las limitaciones a la participación auténtica de los ciudadanos que introdujo el régimen socialista, debe superar algunas deficiencias y fricciones que la misma descentralización vivió y debe tener una agenda más ambiciosa y profunda.
Para enfrentar y corregir las desviaciones y limitaciones que introdujo el régimen socialista, deberán ser revisadas todas las normativas que fueron dictadas en materia de Poder Comunal, así como todas las disposiciones contenidas en las 26 leyes dictadas bajo el régimen habilitante de 2008 que violan competencias del ámbito municipal; la Ley Orgánica de Planificación, la Ley de Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, la Ley de Consejos Locales de Planificación, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano; y las relacionadas que entraron en vigor en 2010, entre ellas la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley de Contraloría Social y la Ley de Participación Ciudadana y del Poder Popular.
En el ámbito político y de gobierno pareciera necesario además, afinar los mecanismos de referendos para revocar mandatarios regionales y locales, así como perfeccionar la definición de las competencias exclusivas de los estados y los municipios y de aquellas concurrentes entre estos y el poder nacional. Estas definiciones son importantes para lograr la mayor eficacia de las funciones nacionales y descentralizadas de la educación primaria y la educación media, la gestión de infraestructuras de transporte, agua y energía, la prestación de servicios de salud y las gestiones de contraloría, procuraduría y defensoría del pueblo, eficacia que depende de que dichas funciones marchen armónicamente.
El financiamiento de las funciones transferidas a los estados y municipios es otro tema a repasar en el reinicio de la descentralización. Es necesario revisar y conciliar entre sí las bases de tres procesos que convergen en la viabilidad de tal financiamiento: los criterios que están establecidos para la distribución del situado constitucional, el funcionamiento de un Fondo para la Descentralización y la capacidad legal que se otorgue a los estados y municipios para crear y recaudar tributos.
Finalmente, hay que explorar vías para que los estados y municipios puedan participar activamente en alianzas con agentes privados para poner en marcha infraestructuras especializadas y otros programas de apoyo a iniciativas de desarrollo, que tradicionalmente fueron exlusivas de entes nacionales. Las políticas de Desarrollo Productivo y de Ciencia, Tecnología e Innovación requieren de esos mecanismos de alianzas público-privadas.
Re institucionalizar el Sistema de Justicia
La realidad presente del Sistema de Justicia está muy lejos de lo que prescribe la Constitución y podría decirse que es todo lo contrario de lo que se pretende con “poner al Estado al servicio del Ciudadano”[iii]. La falta de independencia del TSJ, el uso de los tribunales y procesos penales para perseguir a enemigos políticos del régimen, la impunidad de las violaciones de derechos humanos que cometen funcionarios públicos y la inhumanidad de los centros penitenciarios son algunos de los rasgos mas resaltantes del Sistema de Justicia.
La propuesta que aquí resumimos para la reforma del Sistema de Justicia se basa principalmente en los lineamientos del proyecto elaborado en 2017 por el Bloque Constitucional con la coordinación de Román J. Duque Corredor y Cecilia Sosa Gómez (Bloque Constitucional, 2017), el cual se focaliza en la recuperación de la legitimidad, la legalidad y la conducta ajustada a derecho de sus componentes vitales persiguiendo dos conjuntos de objetivos.
En primer lugar las propuestas buscan reconstruir la institucionalidad del Estado de Derecho para garantía de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo; hacer un deslinde claro entre la función jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la función de gobierno y administración del Poder Judicial; restablecer la carrera judicial y las garantías procedimentales de la estabilidad de los jueces; y asegurar la participación efectiva del gremio de abogados y de los ciudadanos en el Sistema de Justicia como establece la Constitución.
En segundo término la reforma persigue restituir las garantías de protección de los derechos humanos y hacer que Venezuela reingrese al sistema interamericano que los protege; asegurar la realización de procesos judiciales transparentes, agilizar los procesos penales y humanizar el sistema penitenciario, eliminar el terrorismo judicial y las conductas partidistas del Ministerio Público; e integrar la jurisdicción militar al Sistema de Justicia.
Finalmente, considerando la necesidad de una Reconciliación con Justicia en ocasión de la transición venezolana a la democracia, las reformas a emprender deben habilitar al Sistema de Justicia para determinar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos años, así como para reparar a las víctimas, por lo que deberán contemplar la normativa que garantice el esclarecimiento de la verdad (Fernández, 2016), la no impunidad por las violaciones incluidos los crímenes de lesa humanidad y las alternativas de penalidad posibles en un marco de Justicia Transicional (Rodríguez Cedeño y Betancourt, 2016).
Las reformas del Sistema de Justicia son indispensables para alcanzar los objetivos mencionados en los párrafos anteriores, y además para apoyar a la Reconciliación con Justicia, una de las tres estrategias que propone La Venezuela que queremos Todos.
3. UN NUEVO ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO
Cuando hablamos del desarrollo nos referimos a los procesos económicos, sociales, culturales y políticos, y a las relaciones de la sociedad con el ambiente, que conducen a la realización de la mayoría de sus integrantes, procesos que son protagonizados por las personas ejerciendo su libertad, apalancándose en sus propias capacidades y en la cooperación con otras personas.
Tres consideraciones basadas en este concepto son importantes para definir el rol que debe jugar el Estado en las iniciativas de desarrollo. La primera es que los protagonistas del desarrollo son los ciudadanos y no el Estado, quien debe dar apoyo sin pretender ser el actor principal de los procesos; la segunda es que las capacidades humanas son palancas fundamentales de los procesos involucrados y por lo tanto ameritan estrategias para su creación y consolidación; y la tercera es que -por lo tanto- no basta definir el rol del Estado en la economía, hay que definirlo en el conjunto de los procesos del desarrollo.
En el marco de las consideraciones anteriores, nos interesa precisar un conjunto de reformas institucionales que son particularmente importantes para apoyar el éxito de las estrategias de creación de capacidades y las de reconstrucción del tejido social.
Se trata de las reformas que constituirán los marcos regulatorios de la Nueva Economía, incluyendo las que son indispensables en el proceso de transición; las reformas que son requeridas para apoyar la creación de un nuevo sistema de seguridad social, aquellas que más ayudarán a maximizar los impactos reales de la educación en nuestro desarrollo, las que serán sustento de las políticas dirigidas a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y aquellas que darán soporte a la estrategia de reconstrucción del tejido social, incluidos la Reconciliación con Justicia y el Pacto para el Progreso de Todos y la Superación de la Pobreza.
Tomando en cuenta lo dicho, el Estado no debe limitar su papel en el desarrollo a proteger los derechos económicos de los ciudadanos. Él tiene mucho que aportar creando condiciones propicias para que las personas acumulen capacidades y ejerciten con éxito las libertades de emprendimiento económico, social, cultural y político, y para que los resultados de las iniciativas beneficien a toda la sociedad.
Lo que no debe hacer el Estado es asumir el protagonismo de iniciativas que corresponden a los ciudadanos y que ellos pueden acometer por sí solos, y menos aún impedir a estos ejercerlo. Por lo tanto, la regla general debe ser que el Estado no ocupe los roles del empresario que invierte, arriesga y concurre a competir en los mercados de bienes y servicios, y que sólo actúe como productor en servicios sociales como la salud y la educación, o en servicios que implican grandes inversiones en externalidades que no pueden desarrollar por sí solos los privados, casos en los cuales debe preferir la actuación en alianzas público-privadas.
Solo en casos excepcionales debería el Estado asumir el rol de empresario, nunca con reserva exclusiva de la actividad que realice, y siempre sujeto a leyes especiales y sistemas regulatorios que impidan que su rol limite indebidamente las iniciativas de los actores privados. Ese podría ser el caso de la producción de hidrocarburos, un tema que amerita un debate amplio y sustantivo que lleve a una estrategia de consenso en el futuro.
Caben básicamente tres clases de acciones del Estado para dar esos aportes en el nuevo estilo de desarrollo. La primera es proteger la vida, la integridad personal y los derechos de todo tipo de los ciudadanos y garantizarles seguridad jurídica y acceso a la justicia; la segunda es crear oportunidades para que todos ellos puedan acrecentar sus capacidades humanas, por ejemplo a través del acceso sin discriminación ni barreras a la educación de calidad, la seguridad social, los servicios de salud y los mercados de financiamiento. La tercera es crear externalidades que favorezcan la eficiencia de las iniciativas que emprenden los ciudadanos, como por ejemplo la promoción de la competencia y la provisión de infraestructuras que incrementan la productividad y la competitividad de la economía.
El Estado puede dar aportes de los tres tipos a través de la creación y la supervisión de marcos regulatorios, como son los conjuntos de leyes y reglamentos que gobiernan la descentralización o la competencia, o de la implementación de políticas activas, como son por ejemplo las políticas de educación, de estabilización macroeconómica y de fomento a la innovación tecnológica.
Los marcos de un sistema regulatorio para dar soporte a la nueva economía
En términos resumidos, el conjunto de los marcos regulatorios de los cuales necesitamos dotarnos para apoyar el funcionamiento de la nueva economía, debe respaldar un crecimiento con estabilidad, ambientalmente sostenible y capaz de generar muchas oportunidades de emprendimiento y empleo en condiciones de trabajo decente; debe propiciar el funcionamiento de mercados competitivos y libres de barreras de entrada que ofrezcan seguridad jurídica a los agentes, garantizando sus derechos económicos y sociales; y debe dar soporte a una inserción exitosa de Venezuela en la economía global.[iv]
Para lograr lo anterior y dar soporte al despliegue de la nueva economía deberán realizarse reformas en muchos ámbitos, las cuales deberán expresarse en leyes y reglamentos diversos, y ser integradas de manera armónica en un Programa Marco para la Reforma Institucional de la Economía. El Programa Marco debe contener un diseño básico de las reformas jurídicas que soportarán a la estrategia económica de desarrollo de largo plazo, así como especificar objetivos concretos y cronogramas para su implementación.
Este conjunto de reformas implica un viraje importante en lo que ha sido la concepción dominante de lo económico en el seno del Estado y constituye un tema de gran sensibilidad política para la sociedad venezolana, que amerita una amplia discusión para la construcción de consensos. En virtud de ello se propone que los diseños de las reformas y del Programa Marco sean realizados por un Consejo de Concertación para la Reforma (CCR) y el anteproyecto sea difundido para su conocimiento público y llevado a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación como Ley de la República.
El Consejo de Concertación para la Reforma podría estar compuesto por los ministros de la economía y de relaciones exteriores y el Procurador General de la República, así como por representantes de las academias nacionales, de las universidades, de las regiones y de los sectores empresariales y laborales, y estar dotado de una secretaría técnica integrada por equipos de expertos en desarrollo, instituciones económicas, comercio, energía, políticas productivas, inversión y política exterior.
Como una contribución a la estructura de las reformas a realizar, señalamos a continuación los objetivos que deben tener cuatro conjuntos regulatorios que deberían enmarcar a las diversas políticas del Estado en materia económica. Se trata de un conjunto fundamental de reglas para garantizar seguridad jurídica a los agentes; un marco legal en el cual encuadrar a las políticas macroeconómicas; otro referido a las políticas activas del Estado para el desarrollo productivo; y el último dedicado a políticas para la inserción de Venezuela en la economía mundial.
Esos cuatro conjuntos deben servir de base para desarrollar un sistema de reglas para el funcionamiento de la economía nacional favorable al libre mercado, que incentive la competencia, la innovación y la generación de oportunidades para el trabajo decente y los emprendimientos productivos privados, incluidos los de la Economía Popular y de la Economía Solidaria; que proteja efectivamente las inversiones nacionales y extranjeras y abra a ellas todos los sectores económicos; y que ciña el protagonismo fundamental del Estado en la economía a la provisión de bienes públicos, la regulación, la protección de derechos y el fomento a la ciencia y la innovación en función de la competitividad del sistema productivo del país.
El marco fundamental de principios
En términos de jerarquía, consideramos que el primer producto de la reforma debe ser un marco fundamental de principios que garantice seguridad jurídica y previsibilidad a los agentes económicos; que limite la actuación del Estado como empresario a casos excepcionales suficientemente regulados y supervisados por el Poder Legislativo; y que en función de la libertad, el progreso y el bienestar de todos proteja de forma armónica los derechos de propiedad y de libre emprendimiento, incluidos los de los sectores de la Economía Popular y la Economía Solidaria.
Los principios de este marco deben asimismo garantizar los derechos de los consumidores y los derechos laborales incluida la seguridad social de los trabajadores; deben comprometer al Estado con la integridad de los ecosistemas naturales y el ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras; y deben concurrir en la creación de oportunidades económicas para el progreso de todas las regiones del país apoyando la descentralización del Estado incluidas sus funciones impositivas y de fomento del desarrollo económico.
Los parámetros legales para las políticas macroeconómicas
Para orientar el comportamiento del Estado en el ámbito económico, planteamos que la reforma debe producir un conjunto de reglas que establezca parámetros para las políticas macroeconómicas futuras que limiten los déficit fiscales; que instituyan fondos especiales para el uso de la renta de los hidrocarburos y la minería en la creación de capacidades de la sociedad y en dar apoyo a la estabilidad del crecimiento frente a posibles shocks externos; que impidan al Banco Central financiar al resto del sector público, que garanticen su autonomía frente al Ejecutivo y que lo obliguen al manejo de políticas monetarias, financieras y cambiarias prudentes que permitan a la economía crecer de manera estable y con una inflación mínima.
El encuadramiento de las políticas activas orientadas al desarrollo productivo
Para ejercer sus roles de regulador y de promotor de políticas activas de desarrollo en general, el Estado debe encuadrar su conducta en reglas que promoverían y protegerían las inversiones nacionales y extranjeras y que regularían el establecimiento y la operación de agencias públicas y de alianzas público-privadas que se dediquen, entre otras cosas a la producción de servicios públicos basados en redes de infraestructuras y al fomento de actividades de I+D+i.
Así mismo, son necesarias leyes y reglamentos que regularían la recaudación y aplicación de recursos para los mismos fines en los niveles centrales, regionales y locales, incluidos fondos de financiamiento y organismos de promoción y asistencia técnica, leyes y reglas que deben establecer los fines, los tipos de políticas y los límites de la acción que podrían tener dichas agencias, alianzas y formas de aplicación de recursos.
Un marco para las políticas de inserción en la economía global
Finalmente, proponemos que la reforma produzca un conjunto de normas claras para la inserción de Venezuela en la economía global que propicie flujos de comercio, inversión y tecnología con el resto del mundo favorables al nuevo estilo de desarrollo, encuadradas en los conjuntos regulatorios antes mencionados, que comprometa al país con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente, que favorezca la cooperación internacional en los mismos campos y que enmarque la conducta del Estado en la negociación de acuerdos económicos internacionales preservando los espacios de política que son necesarios para desplegar las políticas de desarrollo productivo.
Reformas de corto plazo para dar impulso al inicio de la reconstrucción
Las políticas de aplicación necesaria en el corto plazo para estabilizar la economía y reiniciar el crecimiento tienen requerimientos jurídico-institucionales cuya implementación debe ser inmediata, tan pronto se inicie la transición a la democracia.
Cambios necesarios para reconducir las conductas económicas del Estado
Planteamos que las reformas legales inmediatas, además de proveer instrumentos eficaces para limitar los déficit fiscales e impedir el financiamiento del Banco Central al resto del sector público, deben fortalecer la capacidad de coordinación y elevar la eficiencia y la transparencia de las políticas financieras del Estado centralizando todas las transacciones del Gobierno Central y creando un Consejo Nacional de Política Financiera; deben robustecer a la Superintendencia de Bancos SUDEBAN y al Fondo de Garantías de Depósitos FOGADE; y deben elevar la transparencia y la solidez del mercado de capitales, así como la capacidad reguladora y supervisora del mismo por parte de la Comisión Nacional de Valores CNV.
En la misma dirección, entre otras acciones urgentes planteamos la revisión de la Ley de Administración Financiera del Sector Público, la Ley del Banco Central, la Ley de Bancos y Otras instituciones Financieras, la Ley del Mercado de Capitales y la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, así como las leyes que regulan los procesos de expropiación.
Adicionalmente, planteamos que deben ser revisados, para derogarlos o modificarlos, los instrumentos legales a través de los cuales se ha dado a la Fuerza Armada Nacional el control de muchos entes económicos del Estado, entre ellos todos los de la minería y los hidrocarburos, así como de varias empresas públicas a las cuales se ha otorgado el monopolio de importaciones o exportaciones de insumos y productos de diversos sectores de la economía. Entre dichos instrumentos se encuentra el Decreto 2241 del Arco Minero del Orinoco, ampliamente cuestionado como inconveniente por razones ambientales, económico-financieras y de corrupción.
La reestructuración de las empresas del Estado completa las reformas que proponemos en este primer grupo. Ella persigue como fin concreto iniciar el retiro del Estado de las actividades productivas no petroleras, para lo cual planteamos reprivatizar todas las empresas y tierras que fueron expropiadas por el régimen socialista, y convertir en sociedades de capital abierto las empresas públicas no petroleras, como primer paso para su eventual privatización total o para establecer alianzas en ellas con capitales privados.
Reformas necesarias para recuperar y reorientar a la Industria Petrolera Nacional
El pronto rescate de la economía nacional implica recuperar en el menor plazo posible a la Industria Petrolera Nacional (IPN) y encaminarla en una nueva senda de desarrollo, cuya implementación debe iniciarse a muy corto plazo.
La primera de esas reformas mayores reside en permitir la participación accionaria privada en la IPN y establecer un marco fiscal petrolero moderno, que asegure que el Estado optimice la proporción que reciba de la renta en un marco que no comprometa la viabilidad financiera de las empresas que operan en el sector, asegurando que la inversión privada sigue fluyendo a la IPN.
La segunda reforma consiste en dar vigor legal a las medidas que planteamos en la sección 1 dirigidas a corregir las influencias rentísticas que ha habido tradicionalmente sobre la economía del país, como son el funcionamiento de fondos macroeconómicos anticíclicos y de ahorro; la promoción de la integración productiva de la IPN con el resto de la economía nacional; y la reanudación de esfuerzos sistemáticos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo la asignación de una fracción del ingreso de la industria para financiar esos esfuerzos en el campo de los hidrocarburos y de manera más amplia en los campos de la energía.
Finalmente, la tercera reforma radica en la creación de una Agencia Independiente Reguladora de las actividades de hidrocarburos en el país, la cual a partir de su creación administraría las reservas de hidrocarburos, vigilaría la ejecución de contratos operacionales y supervisaría la aplicación de la política petrolera en todos sus ámbitos.
Reformas institucionales en apoyo a las demás políticas de creación de capacidades
Dedicamos los próximos apartes a las reformas jurídico-institucionales que deben dar soporte a las políticas referidas a la seguridad social, la educación y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, las cuales pertenecen a la estrategia de creación de capacidades.
Reformas específicas para hacer viable el nuevo Sistema de Seguridad Social
Nuestra propuesta para el nuevo Sistema de Seguridad Social consta de un Subsistema Público de Salud (SPS) y un Subsistema de Pensiones y Auxilio al Desempleo (SPAD).
Específicamente en materia del SPS, los mas importantes planteamientos que hicimos, referidos a la organización, la prestación de los servicios y el financiamiento, requieren el soporte de reformas legales que les den base sólida. Habrá que superar algunas limitaciones que establece la Constitución de 1999, la cual considera que los bienes y servicios públicos de salud son propiedad exclusiva del Estado; deberá reiniciarse la descentralización que fue revertida en la primera década del Siglo XXI, tal como planteamos en la sección 2; y deberá crearse un cuerpo normativo que asegure la coordinación de las fuentes de financiamiento público.
En lo que respecta al Subsistema de Pensiones y Auxilio al Desempleo, la propuesta que hicimos se basa en tres pilares, el primero asistencial y solidario y los otros dos basados en la capitalización individual. Esta concepción difiere diametralmente del subsistema existente, de forma que la base legal requerida deberá ser muy distinta a la hoy vigente, la cual deberá ser derogada y sustituida.
En síntesis, viendo al Sistema en su conjunto, es necesario definir una nueva Ley Marco del Sistema de Seguridad Social, derogando la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de 2002 y la Ley del Seguro Social reformada en 2008, y crear todo un nuevo cuerpo normativo en apoyo a los dos subsistemas.
Reformas en apoyo a las políticas propuestas en la educación
Las reformas institucionales más importantes para dar soporte a las políticas que planteamos referidas a la educación, son las que propiciarán la elevación de la calidad de la educación inicial, primaria y media, y las que tocan la gobernanza universitaria y el financiamiento de las universidades nacionales.
Tal como planteamos en el aparte referido a la descentralización, ese proceso debe servir de estructura para las reformas financieras y de gestión que deberán llevarse a cabo en la educación inicial, primaria y media. Esas reformas, incluido el fomento a escuelas y liceos no estatales que participen en la educación pública, son muy importantes para elevar la eficiencia de la gerencia escolar, y como consecuencia para mejorar la calidad de la educación que reciben la mayoría de los niños y jóvenes venezolanos.
En lo que respecta a reformas en la educación superior pública, la gobernanza y la viabilidad financiera son los temas más álgidos. La posibilidad de que las universidades nacionales formen con excelencia a los especialistas de alto nivel que requerimos, y que sean capaces de dar soporte a nuestra transición a la sociedad del conocimiento, pasa por asegurar su viabilidad financiera y por que las comunidades académicas y las autoridades tomen las grandes decisiones sobre su misión y su funcionamiento con base en criterios fundamentalmente académicos, no teñidos por la inmediatez de los juegos políticos.
Nuestra propuesta primordial referida a la gobernanza universitaria consiste en una reforma de los reglamentos de la Ley de Universidades, o de la Ley misma de ser necesario, que apunte a dos fines. El primero de ellos es regular cómo deben conducirse los procesos en los cuales son elegidas las autoridades, para asegurar que se cumplen en ellos los principios académicos y evitar desviaciones políticas que lamentablemente suceden en algunas universidades, lo que a su vez condiciona las decisiones más importantes que deben tomar las autoridades referidas a la gestión académica y económica de las casas de estudios. El segundo tiene que ver con la instauración de nuevos sistemas para la evaluación de los profesores e investigadores, los cuales deben considerar sus aportes a la excelencia de la investigación y la docencia, y servir de base para mejorar sensiblemente su remuneración.
Con respecto al financiamiento de la educación superior, el asunto central es que la viabilidad económica de las universidades debe resultar del equilibrio entre los costos que implica cumplir sus fines, sujetos a un manejo racional, por una parte, y por la otra los aportes presupuestarios del Estado más los ingresos propios que genere cada institución derivados de sus actividades docentes, de investigación y de extensión. En este conjunto, las reformas deben asegurar a las universidades ingresos provenientes de quienes se benefician de la educación en ellas, dado que el Estado no está en capacidad de suplir totalmente el incremento necesario de sus presupuestos de inversión y funcionamiento, y que la suma del aporte del Estado, la racionalización de los costos y la elevación de la eficiencia en la gestión universitaria no son suficientes para alcanzar el equilibrio.
En cuanto a cómo asegurar el ingreso proveniente de los beneficiarios de la educación superior, nos pronunciamos por una reforma en dos pasos. En el corto plazo implementar una reforma que no requiere modificaciones de la Ley de Universidades o la Constitución, en que los egresados de las universidades nacionales paguen un impuesto específico que contribuya a su financiamiento; y simultáneamente promover reformas o enmiendas de los artículos 102 de la Constitución y 11 de la Ley de Universidades, que permitan más tarde implementar una solución basada en el pago de aranceles por los estudiantes mientras cursan sus carreras.
A las reformas comentadas en el párrafo anterior deberá añadirse la creación de un Fondo Nacional de Jubilaciones para la Educación Superior, el cual asuma todos los pasivos que tienen actualmente las instituciones de educación superior del Estado por este concepto.
Reformas para dar apoyo al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Las reformas que hemos propuesto en apartes anteriores referidas a la regulación de la economía en general y a cambios en la gobernanza de las universidades, contribuirán en buena medida a crear un entorno favorable al funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Dentro de ellas es necesario destacar algunos aspectos y precisar medidas específicas de reforma que incentivarán las actividades de I+D+i.
Los marcos regulatorios de la economía deben crear estímulos concretos para que los empresarios valoren la creación de activos de conocimiento, para que sea atractiva la creación de y explotación de grandes infraestructuras en Alianzas Público-Privadas, y para que los investigadores e innovadores se sientan motivados en sus actividades. Para ello, en el marco de los sistemas regulatorios generales ya discutidos, tienen particular importancia las normativas que estimulen la creación y funcionamiento de mercados financieros modernos, incluyendo los de capital de riesgo, los incentivos fiscales a la inversión en I+D+i, la protección de los derechos de propiedad intelectual, las normativas sobre tarifas de servicios públicos intensivos en tecnología y la seguridad jurídica a los inversionistas que se asocien con el Estado.
La reforma de la institucionalidad universitaria venezolana es también muy importante porque la mayor parte de las actividades de investigación y el 80% de los investigadores pertenecen hoy a las universidades nacionales. Los principales cambios que son necesarios para que la investigación universitaria apalanque al SNCTI tienen que ver con la gobernanza de la misma, que hemos comentado en párrafos anteriores.
Las reformas a implementar deben apoyar que las agendas de investigación sean definidas en concertación entre cada universidad y los agentes económicos que demandan los conocimientos y asegurar que los institutos que hacen las investigaciones puedan disponer de los recursos que reciban en contraprestación, incluyendo pagar remuneraciones atractivas a los investigadores. Las remuneraciones de los investigadores tienen que responder a la calidad y la productividad de su labor, no pueden seguir rigiéndose por baremos que ignoran esos factores.
Reformas específicas para dar apoyo a la Reconciliación con Justicia
La Reconciliación con Justicia, uno de los componentes de la Estrategia de Reconstrucción del Tejido Social, se apoya en tres grupos principales de políticas, por una parte la despolarización política y la cooperación social; en segundo lugar las políticas dirigidas a la reducción de la violencia, y por último las políticas referidas a la protección de los derechos humanos y a la administración de justicia en los casos de violación de dichos derechos y de ejercicio abusivo del poder.
La implementación de las políticas del primer grupo no requiere de reformas jurídico-institucionales, puede hacerse con base al sistema hoy vigente. Pero el éxito de los otros dos grupos de políticas sólo es alcanzable si se llevan a cabo las reformas del Sistema de Justicia que propusimos en la sección 2.
En particular la reducción de la violencia y la política de “Tolerancia Cero” planteadas como parte de la Reconciliación con Justicia dependen de que se implementen las reformas que fueron propuestas con relación a la carrera judicial, los procesos penales y el sistema penitenciario.
Por su parte, implementar con éxito la protección de los derechos humanos y lograr la aplicación de la justicia en los casos de ejercicio abusivo del poder y de violación de aquellos derechos, depende de la ejecución de las reformas que fueron propuestas con relación a la justicia militar y el sistema de protección de los derechos humanos, y de la implementación de una normativa que garantice el esclarecimiento de la verdad, la no impunidad y las alternativas de penalidad posibles en un marco de Justicia Transicional.
Reformas en apoyo al Pacto para el progreso de todos
El Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza, es un instrumento de la mayor importancia para el conjunto de las estrategias de desarrollo que hemos propuesto, el cual debe comprometer al Estado y a todos los sectores de la sociedad civil con la ejecución de reformas y políticas en cinco áreas, durante un período total comprendido entre 20 y 25 años.
Su Agenda consta de objetivos estratégicos y de políticas públicas referentes a la educación de calidad, el desarrollo de un nuevo sistema de seguridad social, la estabilización y la recuperación del dinamismo de la economía, la realización de un programa de reordenamiento y de dotación de infraestructuras de servicios públicos en los barrios donde habitan los grupos populares, y la elevación del disfrute real de los derechos civiles por parte de los miembros de dichos grupos, destacando su acceso a la justicia y su participación real en las decisiones de lo público.
Esa Agenda debe mantenerse permanentemente en un primer nivel de las prioridades políticas del país, lo que implica que la ejecución del Pacto tenga un seguimiento real por parte de la sociedad civil, independiente del Ejecutivo, que sus objetivos sean actualizados y que sus compromisos sean renovados entre las partes por ciclos razonables.
En función de lo anterior hacen falta reformas institucionales que garanticen dos clases de apoyos para el Pacto, las que faciliten el seguimiento de la ejecución, la actualización de los objetivos y la renovación de los compromisos, y aquellas que den soporte institucional a la ejecución de las políticas y programas en las cinco áreas mencionadas.
Reformas necesarias para dar apoyo al seguimiento y la actualización del Pacto
Proponemos la creación de un Consejo del Pacto, cuerpo del más alto nivel político, el cual debería ser designado como un órgano consultuivo de la presidencia de la República, que se encargue de la revisión de las políticas convenidas despues de un tiempo prudencial, así como de la recomendación de ajustes a los respectivos sectores.
El Consejo sería integrado por representantes del Estado y la Sociedad Civil, entre ellos delegados de las organizaciones de trabajadores y empresarios, de las universidades nacionales, de las iglesias y de organizaciones no gubernamentales. También proponemos que dicho Consejo sea apoyado por un Observatorio del Pacto, cuerpo técnico que recoja y procese información relevante para el seguimiento y la evaluación, con independencia del gobierno.
Soporte institucional para la ejecución de las políticas y programas sectoriales del Pacto
Con relación a los apoyos institucionales que necesitan las políticas y programas sectoriales de las cinco áreas del Pacto, el conjunto de las reformas que hemos presentado en secciones anteriores garantizan esos soportes.
En la sección 2 planteamos propuestas que apoyan al objetivo de elevar el disfrute real de los derechos civiles de los grupos populares; se trata de la reforma del sistema de gobierno y los mecanismos de participación de los ciudadanos, la descentralización y la reinstitucionalización del Sistema de Justicia. En apartes anteriores de la presente sección discutimos las que proponemos para las cuatro áreas restantes, que son la educación, el desarrollo del sistema de seguridad social y la economía incluyendo el desarrollo de infraestructuras y equipamientos de servicios públicos.
4. LA RELEGITIMACIÓN DE VENEZUELA EN EL MUNDO
El descrédito de Venezuela como Estado invade todas las áreas de la agenda internacional; aún antes de haberse disparado la escalada emigratoria de ciudadanos venezolanos que afecta a varios países de America, ya Venezuela era considerada un riesgo a la paz y la seguridad del hemisferio y se le había aislado en muchos ámbitos económicos y políticos del mundo.
Durante la égida del gobierno socialista Venezuela ha sido suspendida como miembro del Mercosur, se ha retirado de acuerdos internacionales de arbitraje de inversiones, está sujeta a numerosas demandas internacionales por sumas cuantiosas y practicamente se ha aislado de los mercados financieros mundiales; ha abandonado la Comunidad Andina de Naciones, la Organización de Estados Americanos y los acuerdos hemisféricos de protección de los derechos humanos; y ha dejado de participar en los convenios americanos de cooperación en la lucha anti-drogas.
A lo anterior debemos añadir que las decisiones de la política exterior venezolana se toman de manera opaca, sin escrutinio de los organos de control político que establece la Constitución y sin que la ciudadanía tenga conocimiento de las mismas.
Las propuestas que hacemos aquí comprenden tanto reformas institucionales como acciones de política de Estado, dirigidas a relegitimar a Venezuela en la comunidad internacional y a encaminar de nuevo su política exterior para promover con eficacia sus fines en las relaciones bilaterales y los escenarios multilaterales.
Ellas plantean tres grupos de acciones y reformas: diligencias diplomáticas, negociaciones y reformas a ser realizadas desde el inicio del período de transición a la democracia; actuaciones políticas y reformas jurídico-institucionales dirigidas a renovar y consolidar nuestros compromisos internacionales con la agenda de la paz, la democracia y la protección de los derechos humanos; y cambios orientados a establecer un nuevo modelo de inserción económica en el mundo, en favor de nuestro desarrollo.
Diplomacia y reformas durante la transición
Las agendas del período de la transición a la democracia implican informar y negociar internacionalmente en temas petroleros, financieros, de inversión, comerciales, sociales y políticos,[v] y así mismo asumir la representación de los intereses de Venezuela en procesos contenciosos internacionales que están en curso o próximos a iniciarse. Entre estos últimos se encuentran numerosos procesos arbitrales que están en curso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); los casos por violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional y la controversia territorial con Guyana sobre El Esequibo (Betancourt, 2018).
Para hacer frente a estas tareas, Venezuela deberá reconstituir equipos de negociadores, juristas y asesores especializados en asuntos de derechos humanos, de energía, de inversión, de comercio y de finanzas, entre otros, que fueron disueltos por el régimen socialista.
Para cerrar las propuestas sobre gestiones diplomáticas durante la transición, proponemos que, superado el período de las acciones más urgentes, y avanzadas las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y otros delitos cometidos en los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores produzca un “Libro Blanco” sobre los traumas del proyecto totalitario y su superación, el cual debe ser distribuido por todas las misiones diplomáticas y consulares venezolanas a los entes oficiales y las organizaciones de la sociedad civil de los países en que ellas actúen.
En adición al despliegue diplomático, planteamos que durante el período de la transición se deberá realizar reformas legales internas relacionadas con nuestros compromisos internacionales. Ellas son necesarias para impedir que se repita la experiencia del régimen socialista con la negociación de acuerdos por el Poder Ejecutivo a espaldas de los demás Poderes del Estado y de la sociedad, para apoyar la Reconciliación con Justicia hemos mencionado y para dar viabilidad a las políticas económicas de corto plazo, particularmente a las relativas a grandes operaciones de financiamiento externo para el programa de estabilización económica, y al reinicio de los flujos de inversión extranjera directa que requiere nuestra recuperación económica.
Es imprescindible iniciar prontamente una evaluación de todos los convenios y pactos que el régimen socialista estableció con Cuba, China, Rusia, Bielorrusia, Irán y varios países de Centroamerica y el Caribe, cuyos contenidos e implicaciones, tanto políticos como económicos, son practicamente desconocidos por el país (Betancourt, ibid). Así mismo deberán revisarse las decisiones por las que Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Acuerdo de Washington del CIADI, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lo antes planteado debe llevar a la reintegración de Venezuela al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y a la promoción de la normativa necesaria para esclarecer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos años, incluidos los crímenes de lesa humanidad, así como para iniciar la implementación de un sistema de Justicia Transicional que contribuya a la Reconciliación con Justicia.
Por último, hacemos nuestras las propuestas que ha formulado la Embajadora Milagros Betancourt, que consisten en una modificación de la Ley de la Administración Pública que establezca la obligación del Ejecutivo de hacer consultas sobre las negociaciones, en dictar una reglamentación que obligue a los Ministerios que participen en negociaciones de tratados, a mantener informada a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y en exigir el requisito de mayoría calificada de la Asamblea para la aprobación y la denuncia de Tratados.
Renovación de nuestros compromisos con las agendas internacionales
Nuestro país debe legitimarse nuevamente en el mundo con respecto a los temas de la democracia, los derechos humanos y la paz, y recobrar la influencia que ha perdido en los escenarios multilaterales.
Las tres líneas de acción que proponemos para esta re-legitimación se basan en el trabajo de la Embajadora Milagros Betancourt varias veces citado (ver Capítulo VI).
La primera tiene que ver con los derechos humanos. Como complemento a nuestra reincorporación al Sistema Interamericano, Venezuela debe dar apoyo amplio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional de La Haya, así como a las partes que hayan introducido denuncias o iniciado procesos por delitos de lesa humanidad.
La segunda consiste en reiniciar y profundizar la cooperación internacional en materia de lucha anti-drogas y anti lavado de fondos provenientes del crimen y la corrupción. Esto implica no solamente reincorporarnos a convenios bilaterales que abandonó Venezuela y entrar en acuerdos multilaterales para esos fines, sino además revisar la legislación interna de la materia, depurar las organizaciones policiales y cuerpos militares que han participado en las gestiones anti-drogas, establecer el control civil de todas las operaciones relacionadas con ambos temas e implementar efectivamente los acuerdos.
Finalmente, la tercera línea comprende volver a tener conductas proactivas sobre los temas mencionados en los foros políticos multilaterales, en particular en la Organización de Estados Americanos y en las Naciones Unidas, guiadas por una estrategia dirigida a reconstruir el liderazgo perdido.
Hacia un nuevo modelo de inserción económica en el mundo
Las políticas de comercio, de promoción y protección de inversiones, de promoción de Cadenas de Valor y Clusters, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, son apoyos fundamentales de la diversificación y de la competitividad de la Nueva Economía que tienen implicaciones muy importantes en el plano internacional.
En función de lo anterior, la nueva Política Exterior debe contribuir a elevar las ventajas económicas de Venezuela haciendo uso de todas las oportunidades legítimas que ofrezcan los acuerdos, incluyendo preservar los espacios de política existentes en ellos. En otras palabras, la Política Exterior en sus dimensiones económicas, y en particular la negociación de acuerdos económicos internacionales, debe perseguir la maximización de los beneficios para el desarrollo venezolano a través del apoyo a las políticas mencionadas, y no la rendición de tributos a ideología económica alguna, sea ésta de liberalización absoluta y abstención de toda acción del Estado o de control estatal de toda actividad económica.
En el marco así definido, pueden definirse tres agendas principales de la Política Exterior en el ámbito económico: gestiones económicas internacionales y revisiones de acuerdos económicos en lo inmediato durante el período de la transición; reformas y negociaciones bilaterales o de integración referidas a libre comercio; y participación en foros económicos multilaterales.
La agenda económica inmediata
Según lo que planteamos en secciones precedentes, la agenda económica inmediata incluye reincorporar a Venezuela al Centro Internacional de Arbitraje en materia de Inversiones (CIADI), así como una revisión de los acuerdos de cooperación energética con los países centroamericanos y caribeños y de los acuerdos establecidos con China, Rusia, Irán y Bielorrusia, que comprenden temas comerciales, energéticos, de viviendas e infraestructura, tecnológicos y militares, para -entre otros fines- cortar las compras adicionales de armas y las ventas de petróleo a futuro como pago de los créditos.
También en plazo inmediato, nuestro país debe solicitar la posposición de lapsos para las aceptaciones y ratificaciones pendientes en el MERCOSUR mientras evalúa cómo han sido afectados sus intereses comerciales y productivos en el acuerdo y cómo podrían serlo en el futuro, lo cual debería llevar a un programa de exenciones temporales de obligaciones (waivers) y a otras medidas que permitan enmendar errores y evitar daños ulteriores en un marco constructivo posterior.
La agenda inmediata comprende, por último, unas negociaciones conducentes a honrar los pasivos de origen comercial y aquellos derivados del régimen cambiario, y realizar acercamientos con países miembros de la OMC para obtener su apoyo a solicitudes de exención temporal de obligaciones comerciales multilaterales que muy probablemente deberemos gestionar.
Reformas y negociaciones bilaterales o de integración referidas a libre comercio
En una perspectiva estratégica de mediano-largo plazo, Venezuela debe analizar la conveniencia o inconveniencia de restablecer la relación de integración que el régimen socialista rompió con la CAN y/o de suscribir acuerdos de Libre Comercio con países específicos no pertenecientes a MERCOSUR, como Chile, Colombia, México y Panamá; así como tambien actuar en consecuencia tratando de maximizar sus oportunidades comerciales.
Participación de Venezuela en organizaciones económicas multilaterales
Apartando los bancos multilaterales de desarrollo como son el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), de cuyo financiamiento deberá hacer extenso uso durante la reconstrucción, interesa a Venezuela su participación en tres organizaciones muy relacionadas con el comercio y el desarrollo, se trata de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).
Los acuerdos multilaterales de comercio y la participación activa en la OMC son un seguro contra las prácticas desleales de comercio de otros países y una referencia para preservar y hacer valer los espacios de política que requiere Venezuela en cualquier negociación comercial, tecnológica o de inversión bilateral o regional.
La participación de Venezuela en la UNCTAD le garantiza una fuente de cooperación técnica para el entrenamiento de negociadores así como para el diseño de estrategias negociadoras y políticas comerciales y de inversión.
Por último, planteamos que Venezuela debe proponerse como meta de mediano plazo su incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. A partir de la solicitud de incorporación que hagamos a la Organización y del acuerdo al que lleguemos sobre la implementación de un programa de reformas en todos los ámbitos de regulaciones y política económica; lo cual enviará señales importantes a inversionistas internacionales, Venezuela podrá contar desde entonces con asesoría permanente de la OCDE, la cual la ayudará a diseñar y hacer seguimiento a todas sus políticas y a disciplinarse en su ejecución.
5. LA RECUPERACIÓN DE LA LEGALIDAD DEMOCRÁTICA DE LA FUERZA ARMADA
Lograr la lealtad de la Fuerza Armada Nacional (FAN) a la Constitución será indispensable para reconstruir y consolidar nuevamente las instituciones republicanas, y en el corto plazo, para que vivamos una transición pacífica e irreversible a la democracia. Para lograr eso deberemos hacer reformas amplias en los estatutos que sustentan su funcionamiento, será necesario depurar los altos mandos y corregir vicios en la conducta de buena parte de los oficiales superiores, y habrá que promover nuevamente una cultura republicana en su seno.
Se trata de una tarea ardua porque el gobierno socialista ideologizó por veinte años a jóvenes militares, implantó el clientelismo en la corporación, corrompió a oficiales de alta graduación e introdujo cambios legales y doctrinarios que hicieron opaca la institución al escrutinio de la sociedad venezolana y la alejaron de los preceptos constitucionales que la sujetan al poder civil.
Los cambios estructurales que realizó el Socialismo del Siglo XXI en la FAN la transformaron sucesivamente, de una fuerza que era profesional como establece la Constitución, en un cuerpo pretoriano y finalmente en un instrumento armado de la revolución socialista que lo emplea para enfrentar a sus “enemigos internos”.
El trabajo de María Teresa Belandria presentado en el Capítulo IV hace un análisis pormenorizado de la desinstitucionalización de la FAN que llevó a cabo el régimen socialista a través del clientelismo, de la transformación legal de su estructura y de su empleo en la represión y la violación de los derechos de los disidentes. Como fruto de esas estrategias, la FAN es hoy un instrumento de la dominación política, una herramienta de la represión de un partido sobre la sociedad y un puntal de la estructura burocrática del régimen socialista.
En respuesta a la desinstitucionalización, proponemos tres grupos de reformas, buena parte de ellas basadas en el trabajo citado de Belandria (Belandria, op.cit). Las pertenecientes al primer grupo deberían ser completadas tempranamente en el período de la transición a la democracia; las propuestas del segundo grupo comprenden la promoción de una cultura republicana en el seno de la FAN, lo cual debe iniciarse de inmediato pero es una tarea cuyos resultados pueden ser mas dilatados en el tiempo y las del tercer grupo son reformas jurídico-institucionales profundas, basadas en la Constitución, las cuales también deben iniciarse durante la transición pero pueden llevar más tiempo en su implementación.
Recuperar la misión y la institucionalidad de la FAN en el corto plazo
Las propuestas del primer grupo se dirigen a dos objetivos a ser alcanzados en el corto plazo: lograr un liderazgo militar y una capacidad de gestión de la FAN puestos al servicio de la transición pacífica e irreversible a la democracia; y restablecer en el corto plazo un funcionamiento eficiente de la FAN apegado a su misión.
Un liderazgo militar al servicio de la reinstitucionalización y la transición a la democracia
Proponemos cuatro líneas inmediatas de acción para asegurar que los líderes de la FAN recuperen el control de todas las capacidades de la institución y las pongan al servicio de la transición pacífica a la democracia y de la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional.
La primera consiste en designar los cargos del Alto Mando Militar y los vértices de cada componente en absoluta atención a profesionalismo y méritos militares, con apego a la norma constitucional y restablecer de inmediato la sujeción de todo el personal militar a las respectivas jerarquías de sus unidades y componentes, suspendiendo todo sistema paralelo de subordinación.
La segunda línea es revisar los sistemas de inteligencia de la FAN, eliminar toda sujeción a organizaciones extranjeras y la dependencia de sistemas de asesoría, entrenamiento, tecnología e información de Cuba; además de arbitrar los recursos humanos, técnicos y económicos para concebir y poner a operar un sistema de inteligencia independiente y de alta confiabilidad bajo el control único de los mandos venezolanos.
La tercera consiste en poner en marcha un programa de depuración del personal de la FAN a todos los niveles, en el marco de las normativas vigentes, atendiendo con justicia y transparencia a criterios relacionados con el profesionalismo y la ética. Para ello planteamos pasar a retiro a todos los Oficiales Generales, Almirantes y Superiores que hubiesen incurrido en politización de la FAN o en uso político-partidista de las capacidades de la misma; ordenar la apertura de Consejos de Investigación en los casos en los que haya indicios de delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos y cesión de soberanía por parte de cualquier oficial; iniciar la depuración de las tropas profesionales y alistadas, retirando de su seno a quienes presenten antecedentes por hechos ilícitos; y finalmente iniciar las investigaciones correspondientes cuando haya indicios de delitos del personal militar cometidos en el ejercicio de sus funciones en la FAN y proceder según los reglamentos vigentes.
La cuarta línea de acción es la instauración de una política formal de intercambio frecuente entre el liderazgo militar (Alto Mando Militar y Cuerpo de Oficiales Generales y Almirantes) y el liderazgo civil de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano) con el propósito de informarse sobre el rumbo, los logros y las necesidades de apoyo de la transición a la democracia.
Un funcionamiento eficiente de la FAN apegado a su misión
Para restablecer a la mayor brevedad la eficiencia de la FAN y dedicarla a las funciones que le competen de acuerdo con la Constitución, hay que desaparecer los vicios y deformaciones que fueron implantados en ella a través del clientelismo corruptor, la ideologización y la instrumentación política, así como recuperar el apresto operacional que se ha deteriorado.
Siguiendo los lineamientos de que la FAN se dedique a las funciones que le competen segun la Constitución, y de superar la instrumentación política y el clientelismo, planteamos que los oficiales deben ser concentrados en labores profesionales militares, excluyéndolos de funciones civiles de gobierno o de administración de empresas del Estado, de policía y control del orden público, de seguridad ciudadana o de coordinación de servicios, salvo en las movilizaciones comiciales que corresponden al Plan República y en casos de calamidad pública o desastres.
Con miras a erradicar los vicios de corrupción y de utilización política de la FAN por los gobiernos, deben tomarse medidas específicas con respecto a la Milicia Bolivariana y la Guardia Nacional, las cuales planteamos en la última sección de este capítulo. Con respecto a la Milicia, mientras se decide sobre reformas jurídico institucionales que le den un destino definitivo, se plantea minimizar sus labores, excluirla de actividades en apoyo al Poder Electoral y someterla a la jerarquía ordinaria del Componente Ejército.
Finalmente, se debe formular y poner en funcionamiento un programa de optimización del apresto operacional en todos los componentes y todas las unidades del país, al cual debería dedicarse con prioridad a todo el personal profesional de la FAN. Ello implicará revisar la asignación presupuestaria interna así como revisar los contratos de compra y mantenimiento de sistemas de armas establecidos con otros países y elaborar los informes correspondientes del estado actual de los diferentes sistemas de armas asignados a los componentes.
Afirmar en la FAN valores republicanos y de lealtad activa a la Constitución
Veinte años de ideologización por el régimen socialista han hecho mella en la cultura y los valores preponderantes en la FAN. La afirmación en sus miembros de una cultura basada en los valores de la Constitución, de una lealtad activa con la misma y del compromiso debido con las instituciones, llevará años pero debe iniciarse de inmediato por diversas vías, de entre las cuales destacamos dos fundamentales.
La primera de ellas debe fundarse en la educación militar y en los mensajes cuotidianos que se transmiten en los establecimientos militares a través de imágenes, lenguaje común y “Ordenes del Día”, los cuales deben fortalecer los valores de la Constitución y aquellos que informan a la FAN: republicanos, civilistas, de soberanía, de respeto a los derechos humanos y de negación de todo “culto a la personalidad”.
En esa línea deben ser revisados los pensum de estudios de las academias y escuelas de la FAN para asegurar que contribuyen efectivamente a la formación ciudadana apegada a los valores y compromisos mencionados; las “Ordenes del Día” de todos los establecimientos militares deben enmarcarse de manera sistemática y explícita en los mismos; se debe eliminar de toda instalación militar y de todo mensaje institucional de la FAN cualquier significado de contenido político y cualquier manifestación de culto a la personalidad; y deben ser tomadas medidas disciplinarias severas contra todos aquellos militares, profesionales o no, que realicen actos políticos o exterioricen opiniones políticas.
La segunda línea de acción que señalamos tendente a consolidar una cultura basada en los valores de la Constitución consta de dos componentes. El primero es promover sistemáticamente la reflexión en el seno de la oficialidad a todos los niveles, y entre los cadetes y alumnos de todas las academias y escuelas, sobre los valores y lineamientos programáticos de la Constitución y su Visión de País, así como sobre los valores de ciudadanía, institucionalismo, no personalismo y respeto a los derechos humanos que deben informar el ejercicio del liderazgo militar. El segundo consiste en desarrollar campañas de comunicación frecuentes con contenidos que refuercen la estimación mutua del mundo militar y de la sociedad civil en torno a los valores republicanos y la defensa de la democracia.
Reformas jurídico-institucionales mayores en la Fuerza Armada
Las propuestas que aquí presentamos se refieren a reformas en lo jurídico-institucional que deben dar el sustento a una relación permanente de la FAN con la sociedad venezolana basada en los principios constitucionales y en los valores republicanos que planteamos en párrafos precedentes. Ellas deben desaparecer la armazón de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones que han servido de apoyo a las desviaciones que ha vivido la FAN en los últimos veinte años y que han dado opacidad a su funcionamiento.
Los objetivos de las reformas son hacer a la FAN transparente al escrutinio de la sociedad civil; corregir las desviaciones existentes en el seno de la FAN derivadas de la politización de la Milicia Bolivariana y de vicios en el funcionamiento de la Guardia Nacional; y resolver la inconsistencia de las leyes, reglamentos y resoluciones inconstitucionales que afectan a la FAN.
Hacer a la FAN transparente al escrutinio de la sociedad civil
El primer conjunto de reformas consta de tres propuestas que atienden a la obligación de hacer a la FAN transparente al escrutinio de la sociedad civil y a la necesidad de librar a la FAN de la imagen ideológica que la identifica con los mitos principales de la revolución socialista y la concibe como instrumento de la misma hermanando a esta última con el destino de la Nación.
La primera propuesta es establecer la obligación de la Secretaria del Consejo de Defensa de la Nación, de publicar periódicamente para la difusión pública el Libro Blanco de la Defensa Nacional; la segunda es revisar la estructura y organización de la FAN, incluyendo el Concepto Estratégico de la Nación; y la tercera es volver a denominar a la Fuerza Armada Nacional de la manera como está expresada en el artículo 328 de la Constitución, eliminando el adjetivo Bolivariana que fue incorporado a través de la ley.
Corregir las desviaciones referidas a la Milicia Bolivariana y la Guardia Nacional
El segundo conjunto de reformas se refiere a la Milicia Bolivariana y a la Guardia Nacional. Se plantea revisar las leyes y reglamentos vigentes relativos a la Milicia y decidir con base en la Constitución si se debe eliminar o el destino que se deberá dar a la misma. Con respecto a la Guardia Nacional, planteamos evaluar las funciones, las normas y procedimientos y sus prácticas efectivas, e implementar los correctivos y controles que resulten necesarios en particular en relación con problemas graves que existen en dos ámbitos de su acción: lo relativo a la violación de derechos humanos en el control del orden público y la corrupción en la lucha contra las drogas y el resguardo aduanero.
Revisar el entramado legal que regula a la FAN y hacerlo coherente con la Constitución
El tercer grupo de reformas mayores implica el enorme trabajo de revisar para reformar o derogar y sustituir un conjunto de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y normas que afectan a la FAN, con miras a asegurar la alineación del entramado legal con los principios constitucionales y con los valores republicanos planteados en párrafos precedentes.
Entre las leyes que deben ser revisadas, de acuerdo con lo que plantea María Teresa Belandria (Belandria, op.cit), están todas las del llamado “Poder Popular” y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que asignan funciones políticas y roles represivos a la FAN; la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley Especial de Reincorporación a la Carrera Militar y al Sistema de Seguridad Social de la Fuerza Armada, la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación y las leyes de Educación Militar, de Carrera Militar, de Disciplina Militar, de Servicio Militar y de Armas y Explosivos.
Referencias
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Notas finales al texto
[i] Si bien existen previsiones constitucionales que podrían moderar esto, su efecto práctico es muy débil; el requerimiento de que algunas decisiones del Presidente sean tomadas en Consejo de Ministros es puramente formal porque los ministros son asesores y si no refrendasen sus posiciones saldrían del gabinete; el Vicepresidente Ejecutivo tiene algunas atribuciones diferenciadas pero es designado y removido por el Presidente, y la capacidad real de control de la Asamblea Nacional es reducida.
[ii] En particular en lo relativo a la participación ciudadana en las decisiones de lo público, los avances de la descentralización fueron destruidos a través de diversas leyes y decretos que puso en vigor el régimen del Socialismo del Siglo XXI. Después de aprobada la Constitución vigente fueron promulgados varios instrumentos para normar la participación en contra del espíritu constitucional; a partir de 2003 se agravó el atentado contra la participación y contra las competencias del ámbito municipal a través de las leyes del Poder Comunal que se dictaron a partir de 2003 y de las 26 leyes habilitantes de 2008; y en el año 2010 entraron en vigor varias leyes que impiden el ejercicio de la participación de los ciudadanos o lo mediatizan a través de instrumentos clientelares que en realidad concentran el poder en el gobierno nacional.
[iii] El Sistema de Justicia tiene como función hacer cumplir la Constitución y las leyes por todos los poderes públicos, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer tutela efectiva a todas las personas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los demás tribunales que determine la ley; el Ministerio Público y la Defensoría Pública; los órganos de investigación penal; los funcionarios de justicia y el sistema penitenciario; los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los abogados autorizados para el ejercicio.
[iv] Una inserción exitosa de Venezuela en la economía global implica mantener con el resto del mundo flujos estables de comercio, inversión, conocimientos y tecnología, y que el resultado neto de los intercambios conduzca a la optimización del Ingreso nacional per cápita de nuestro país en el tiempo.
[v] En soporte a las agendas económicas y sociales de corto plazo, nuestra diplomacia tendrá que contribuir a obtener apoyos para operaciones perentorias de financiamiento multilateral y de cooperación humanitaria bilateral y multilateral, que permitan iniciar prontamente la recuperación de los sistemas de salud y los servicios de energía y agua potable, así como la importación de alimentos, medicamentos y repuestos, con miras a reducir la precariedad que estará sufriendo la población al momento de iniciar la transición.
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