Benjamín Scharifker

El objeto y el sujeto de la educación superior 

El objeto de la educación universitaria es, principalmente, consolidar valores fundamentales para compartir la vida en sociedad, ya que, como seres humanos, vivimos en comunidad. En segundo término, busca que los individuos desarrollen habilidades para ser productivos. Y, en tercer lugar, que adquieran los conocimientos que nutren esas habilidades.

Entonces, el objeto de la educación es promover valores, desarrollar habilidades y adquirir conocimientos; y su sujeto es el estudiante, cuya formación contribuye a convertirlo en ciudadano capaz de realizar sus propios propósitos y de contribuir al desarrollo de la sociedad, transformándola, transformándose a sí mismo y produciendo.

Los estudios postsecundarios

Es fundamental definir con claridad la naturaleza y los fines que deben tener los estudios en la educación superior, y ofrecer desde la universidad respuestas a cómo lograrlos, soluciones acordes con la época actual.

En la era del conocimiento, la educación debe responder a las demandas de ese contexto que evoluciona, a lo que se orienta un enfoque que cobra relevancia en muchos lugares del mundo, el modelo conocido como “STEM”, que en inglés significa “tallo” pero también es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que ha evolucionado al añadir el Arte, para convertirlo en “STEAM”, el vapor que movió la transformación de la humanidad al inicio a la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII.

Los fundamentos de la educación superior deben sustentarse en esa actualidad, enfatizando el aprendizaje de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, el Arte y las Matemáticas, sin que ello implique excluir otras áreas del conocimiento, porque es esencial que los planes de estudio de las universidades incorporen una formación general para preparar ciudadanos responsables, críticos, informados y con una comprensión amplia del mundo y de su rol en la sociedad.

En fin, la educación terciaria, post secundaria, debe capacitar a las personas tanto para vivir en comunidad como para el trabajo. Esto se logra no sólo con los programas universitarios tradicionales de cuatro o cinco años conducentes a títulos académicos, sino también mediante cursos más cortos que respondan a las vocaciones de los estudiantes, facilitando su inserción laboral temprana y garantizando el acceso a la educación continua.

Por último, la educación superior debe concebirse como un proceso continuo a lo largo de la vida, permitiendo la renovación de conocimientos, habilidades y competencias, y la reafirmación constante de valores. Además, debe centrarse en el estudiante, no en el profesor ni en el enciclopedismo, lo que implica atender intereses individuales, desarrollar metodologías innovadoras y fomentar el aprendizaje basado en proyectos. Un ejemplo de esto son las aulas invertidas, donde el conocimiento es generado por los propios estudiantes a través de la investigación y el trabajo colaborativo.

Las regulaciones institucionales, la excelencia y el impacto social de las universidades

Dos rasgos institucionales de las universidades resaltan en la experiencia de los países en los cuales ellas tienen el mayor impacto en el desarrollo y su labor tiene el más alto reconocimiento y despierta la mayor confianza de sus sociedades.

El primero es la diversidad entre los centros y la heterogeneidad en el conjunto, que ha permitido desarrollar modelos diversos de universidades, de características y especializaciones particulares, que llevan a muchos casos de excelencia.

El segundo rasgo es su gestión eficiente y transparente, capaz de generar frutos y rendir cuentas, la cual es lograda a través de su autonomía. En el caso de las universidades públicas, ello requiere la gestión de sus recursos con total independencia de los gobiernos y con separación completa tanto de sus decisiones como de las limitaciones jurídicas que, siendo dependencias del Estado, les impiden ejercer con completa libertad ciertas funciones.

En esos dos rasgos se sustenta la confianza de esas sociedades en sus universidades, que mueve a sus sectores económicos y otras organizaciones a establecer alianzas estables con ellas y a cooperar en su desenvolvimiento. Y ambos rasgos resultan de la autonomía y la flexibilidad de los sistemas regulatorios que se aplican a las universidades.

En un ambiente regulatorio que no impone cartabones uniformes a todos los centros de educación superior, pueden surgir variados modelos de universidades y cada uno de ellos puede avanzar a la excelencia dotándose de infraestructura, personal y tecnologías apropiadas para el cumplimiento de sus funciones.

Y sólo cuando las universidades públicas tienen personalidad jurídica propia, lo suficientemente robusta como para permitirles operar transparentemente y con la debida rendición de cuentas, pueden cumplir con las funciones sociales, políticas y económicas que le son inherentes. Así pueden obtener y gestionar con autonomía los recursos, y dan mayores resultados a la sociedad porque pueden priorizar proyectos científicos y tecnológicos específicos, emplear las mejores prácticas e incentivar sus docentes e investigadores basándose en rendimientos y patrones de excelencia; pueden construir alianzas con terceros en beneficio mutuo; y todo eso puede generar ingresos que contribuyen a financiar la docencia.

Hay múltiples ilustraciones de lo contrario en las universidades públicas venezolanas. Por ejemplo, no tienen acceso a créditos bancarios, las remuneraciones que reciben sus docentes e investigadores están estandarizadas sin considerar su desempeño o especialización, y su sistema de previsión social es administrado por el gobierno central, todo lo cual limita la capacidad de las instituciones para invertir en su capacidad de prestar servicios, y ofrecer mejores condiciones a su personal.

En fin, el sistema legal venezolano impide desarrollar los dos rasgos comentados, y ello debe cambiar para contar con un sistema de educación superior capaz de apalancar al nuevo estilo de desarrollo.

Los recursos y la gobernanza en la gestión de las universidades públicas

Dos limitaciones clave que afectan el funcionamiento de las universidades públicas venezolanas son la insuficiencia de recursos y una gobernanza ineficiente de su gestión. Desde hace dos décadas, las universidades han sufrido un deterioro progresivo debido a un modelo de financiamiento insuficiente y centralizado; y, desde mucho antes, la gobernanza de su gestión ha sido ineficiente.

Para resolver la insuficiencia de recursos y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas, es necesario diversificar sus fuentes de financiamiento.

El conjunto de las fuentes podría comprender: i) subsidios indirectos y directos del Estado; ii) matrículas pagadas por los estudiantes; iii) ingresos que procuren las universidades mismas a través de la oferta de servicios y actividades como investigación aplicada, asesorías, proyectos con la industria, empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, etc.; y iv) fideicomisos establecidos en beneficio de la implantación y el funcionamiento de órganos universitarios o actividades específicas, tales como institutos, centros, laboratorios, becas y cátedras. Experiencias de todo el mundo demuestran que los fideicomisos contribuyen no solo al funcionamiento de las universidades, sino que son mecanismos sumamente eficaces para impulsar su desarrollo.

La confianza de la sociedad en la universidad es crucial para atraer financiamiento, y ella, como se ha dicho, implica eficacia y autonomía.

Resolver la ineficiencia de la gobernanza en la gestión, pasa por que las universidades públicas sean capaces de captar y retener recursos humanos de la más alta calificación y el mayor rendimiento; y capaces de tener una vinculación efectiva con las comunidades y con las empresas, a fin de generar confianza, y de esa manera valorizar el trabajo académico y propiciar la obtención de los financiamientos apropiados.

Conclusión

En síntesis, la reforma del sistema universitario venezolano debe orientarse hacia un modelo más autónomo, de regulación más flexible y de diversidad entre las diversas universidades, que responda a las necesidades de la era del conocimiento y facilite la vinculación de las universidades con la sociedad. Esto solo será posible con una estructura de gobernanza eficiente, mecanismos de financiamiento diversificados y un enfoque educativo centrado en el estudiante y en el aprendizaje a lo largo de la vida.