Santiago Clavijo A.

¿Qué podemos hacer desde el presente?

Queremos para Venezuela una educación superior que contribuya a hacer viable en ella un nuevo estilo de desarrollo. Y dejamos claro, de inicio, que, si bien no es posible comenzar a construir las bases del nuevo estilo hasta cambiar las condiciones políticas actuales, sí podemos definir lo que queremos y delinear rasgos fundamentales de la política pública que nos debería conducir a una educación superior inclusiva y de excelencia.

En ese ánimo, hemos organizado esta contribución definiendo cual es el desarrollo que queremos para Venezuela y cuál el rol que esperamos de la universidad en él, para seguidamente responder a tres interrogantes relacionados con el inicio de la recuperación de nuestra universidad… ¿En qué campos deben tomarse las más urgentes medidas?… ¿Qué significa la autonomía para los caminos a emprender?… y ¿En qué términos concebimos la gratuidad de la educación superior?

El desarrollo al que aspiramos y la universidad que puede apalancarlo

Sin pretender originalidad, y más como guía personal que como doctrina, postulamos el desarrollo que queremos como un proceso que promueve, a la par del crecimiento económico, oportunidades de acceso universal a educación, salud y fuentes de empleo estables y de calidad, lo que es necesario para erradicar la pobreza, así como tiempos y espacios para la satisfacción de las necesidades inmateriales de todas las personas. Lo vemos como una evolución que consolide en la sociedad el respeto a las diferencias, para que la diversidad pueda expresarse libremente, y como un avance hacia la igualdad de deberes y derechos, en la cual, de haber desigualdades de esos tipos, sean para apoyar a los menos favorecidos.

En el caso venezolano, el estilo de desarrollo a asumir, más allá de superar el rentismo, deberá aprovechar de manera responsable la principal ventaja comparativa que tenemos frente al resto del mundo, nuestra inmensa y diversa riqueza biológica y nuestras fuentes de energía, para propiciar emprendimientos “verdes” insertos en un enfoque bioeconómico, en una vía que se cruce con los caminos de la ciencia, la tecnología, el arte y la innovación, para conducir a modos de progreso de la sociedad basados en el conocimiento.

En este propósito, las universidades están llamadas a asumir un papel de significación, dadas sus capacidades para promover valores y actitudes, y para generar y gestionar conocimiento y tecnología, como actores fundamentales del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que deberán ser.

Algunas acciones apremiantes en dirección a una mejor educación superior

Para iniciar el camino hacia una mejor educación superior, es indispensable superar algunas limitaciones acuciantes de hoy, privilegiando tres líneas de acción tan pronto pueda darse inicio a la recuperación.

La primera es responder a dos problemas urgentes, referidos a los profesores e investigadores universitarios: la invivible insuficiencia de sus remuneraciones, especialmente en las universidades públicas, y el déficit de personal calificado derivado del retiro de muchos de ellos de todas las universidades. La segunda es dar solución a deficiencias en la formación del alumnado que ingresa desde etapas educativas previas. Una tercera, que podría ser considerada accesoria a primera vista no siéndolo, es actuar frente a la virtual obsolescencia de las bibliotecas y centros de documentación de muchas universidades, y responder a la inexistencia de conexiones agiles y de suficiente capacidad de la mayoría de ellas con los centros mundiales del conocimiento.

Buena parte de los primeros recursos que se hagan disponibles a las universidades, debe emplearse en un programa de ajuste salarial escalonado, pero acelerado, y otra debe dirigirse a cubrir el déficit de profesores investigadores con acciones en tres direcciones: la importación de talentos muy bien seleccionados; la reinserción, mediante estímulos, del mayor número posible de los académicos que se fueron; y la colaboración de miembros de la diáspora, que, aunque no regresen de forma permanente, pueden hacerlo temporalmente y además dar apoyos invaluables a las universidades con sus vínculos y proyectos. A la par, las universidades deben activar oportunidades de cooperación internacional que existen latentes, algunas en convenios vigentes.

En cuanto a las deficiencias que muestran los alumnos provenientes de la educación media, es indispensable que las universidades asuman programas adhoc para compensarlas en su seno, pero también que participen desde sus escuelas de educación en iniciativas dirigidas a capacitar docentes para las escuelas inicial, básica y media.

Por último, para asegurar su capacidad de impartir una educación superior de calidad, las universidades deben ofrecer a sus profesores y alumnos acceso a información científica y tecnológica actualizada, local y mundial, en los diferentes campos del saber. Las bibliotecas y centros de documentación, apoyados en tecnologías de información y comunicación, son indispensables apoyos de la docencia y la investigación, por lo que privilegiarlas desde el inicio de la recuperación es una estrategia ineludible.

La creación de nodos temáticos digitales de información y documentación, pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), que sirvan las demandas provenientes de todo el país, es una alternativa a considerar, ante la imposibilidad de contar en lo inmediato con bibliotecas convenientemente dotadas en todos los centros de educación superior e investigación de Venezuela.

Es de esperar que la activación temprana del SNCTI sea una de las políticas públicas a desplegar para que el nuevo estilo de desarrollo se apalanque en el conocimiento, y que a ella converjan recursos públicos y privados. Todas las iniciativas del SNCTI requerirán de una red de información conectada al sistema global del conocimiento, de la cual deben poder beneficiarse todas las universidades en el proceso de su recuperación.

¿Qué significa la autonomía para los cambios y los nuevos caminos a emprender?

La función de la universidad se cumple en tres labores integradas alrededor del conocimiento: facilitar el acceso a él, contribuir a la expansión de sus fronteras e intentar que el mismo llegue a la sociedad en forma de contribuciones a la libertad de sus integrantes y al bienestar, la cultura en general, y las capacidades del conjunto para progresar de manera sostenida. La realización de esas labores, que son obligaciones de la universidad, demanda un ambiente de autonomía con relación a los factores de poder, sin el cual se perdería la esencia misma de las organizaciones de educación superior y en particular, de la Universidad. Tal ejercicio demanda despartidizar, que no despolitizar, la vida universitaria.

Cuando decimos autonomía, no nos referimos a espacios inexpugnables de cada universidad, ni a un aislamiento de las universidades respecto de las opiniones y sugerencias de la sociedad; la entendemos como una condición indispensable para la libertad de pensamiento y para una flexibilidad de gestión que permita a las universidades innovar y establecer prioridades en sus programas de docencia, investigación y extensión, con el fin de optimizar el empleo de los recursos y las oportunidades de los cuales dispongan. En ese marco, consideramos la autonomía como el derecho de las comunidades académicas a establecer las formas de relacionarse con su entorno, y a decidir qué y cómo enseñar e investigar.

En respuesta a la mayor flexibilidad que implica esa concepción de la autonomía, se esperaría de las universidades una disposición innovadora que las lleve a ofrecer oportunidades de formación y currículos flexibles ajustados a las demandas cambiantes de la sociedad, a crear nuevas ofertas específicas en cuanto a disciplinas y carreras y respecto a su duración (p.e. a través de opciones de egreso intermedias), e incluso variedades de pregrado y postgrado según las particularidades de las regiones en las cuales ellas actúan. E implicaría que las universidades acuerden regímenes de equivalencias y traslado de estudiantes que faciliten la prosecución de las carreras en instituciones distintas de aquellas en que ellos hubiesen iniciado sus estudios.

Por último, los “títulos” que emitan las universidades deben expresar las competencias y capacidades de quienes los ostentan para el ejercicio de responsabilidades específicas en la sociedad, así como reflejar el esfuerzo dedicado por el egresado a lograrlas. Es justo que cada universidad y cada egresado cosechen prestigio por la relevancia que tengan su educación y sus contribuciones a la sociedad, las cuales deberían ser más altas en la medida en que sea mayor la autonomía universitaria, pero ese prestigio no debe ser base para que sus títulos se consideren credenciales de jerarquía o de estatus social.

¿En qué términos concebimos la gratuidad de la educación superior?

La sociedad debe propiciar que todos sus integrantes creen capacidades humanas que les permitan realizarse con autonomía. En consecuencia, el financiamiento a la docencia, la investigación y la extensión de las universidades públicas le es ineludible a la sociedad a través del Estado. Él debe promover y apoyar lo que otros actores no hacen, trascendiendo la postura pendiente de retornos inmediatos que tiene la inversión privada en investigación y desarrollo.

Detrás de la mayor parte de los grandes adelantos científicos y tecnológicos de los últimos dos siglos, ha estado la inversión del Estado, que ha servido, como han evidenciado numerosos investigadores del tema, para que actores privados se favorezcan mercantilizando productos derivados de ellos, en muchos casos sin compartir beneficios con quienes fungieron como inversionistas pioneros al aportar recursos de origen público para la generación de conocimientos básicos.

En un país en que las tasas de impuestos se establezcan y recauden con justicia y eficiencia, como esperamos sea la Venezuela del nuevo estilo de desarrollo, la recuperación de la inversión en creación de capacidades humanas que hace el Estado, que nos representa a todos, debe medirse en términos de los aportes futuros que hacen los egresados a la sociedad, y del pago de impuestos que ellos generarán a lo largo de sus vidas.

La discusión sobre la gratuidad de la enseñanza superior está nuevamente planteada en Venezuela, lo que nos lleva a insistir en que las universidades públicas deben mantenerla, sujeta al desempeño académico, para que sea verdaderamente inclusiva, e interpretándola como un derecho de los jóvenes, y también como una oportunidad de la sociedad para captar a los mejores. Pero por supuesto, esa gratuidad debe ser correspondida con un adecuado desempeño académico, que de no ocurrir extinguiría el derecho, sin posibilidades de que un eventual pago de matrícula pueda reponerlo.

Lo anterior no excluye por supuesto la posibilidad de que las universidades públicas autónomas, en particular sus programas de investigación y extensión, se procuren otras fuentes de recursos. La creación de “unidades de negocios” dentro de las universidades y centros de investigación, encargadas de mercadear sus capacidades y productos es un objetivo que debe ser apoyado en el marco de una concepción ampliada de la autonomía.

Una reflexión final

Si de lo aquí escrito, planteado con la intención de incentivar la discusión, tuviésemos que privilegiar algunos elementos para comunicar una visión final de la educación superior que puede contribuir a la adopción de un estilo de desarrollo distinto y más conveniente para el país, diríamos que ella tiene que ser autónoma, de acceso gratuito universal a los estudiantes, signada por la excelencia en todas sus obligaciones, comprometida con la preservación y la utilización racional de nuestro capital natural, y vinculada a los diferentes actores políticos, económicos y sociales, mediante un funcionalmente eficiente del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

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